En 2012, el ex general del Ejército Argentino fue condenado en Rosario por su responsabilidad en los crímenes cometidos en el Servicio de Informaciones, uno de los centros clandestinos de detención más grandes de la provincia de Santa Fe.
Aquel mismo año, los Tribunales de esa ciudad decidieron que “no estaba en condiciones psíquicas” de afrontar otros juicios, y de esta manera eludió comparecer en otros procesos en los que era requerido.
En 2005, dos años después de que se anularan las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Díaz Bessone fue procesado como organizador de una asociación ilícita en la denominada causa Feced. En ese expediente se le imputaban 38 delitos de privación ilegítima de la libertad en concurso con tormentos y 15 casos de desaparición forzada de persona.
Entre septiembre de 1975 y octubre de 1976 ocupó la jefatura del II Cuerpo de Ejército, asentado en Rosario y allí coordinó la dirección de los centros clandestinos de detención ubicados en el zona Noreste del país.
En 1989 fue beneficiado por el indulto presidencial de Carlos Menem y creó la Fundación 2000, un grupo conformado por militares retirados que reivindicaban el terrorismo de Estado.
A finales de los '90, presidió el Círculo Militar y expulsó de sus filas al ex jefe del Ejército Martín Balza, quien durante la gestión de Menem había formulado una autocrítica por el accionar del arma durante la represión ilegal.
Las actas secretas del Proceso de Reorganizaciòn Nacional (nombre con el que la dictadura se llamaba a sì misma) halladas en un edificio de la Fuerza Aérea y publicadas en años recientes, revelan que Díaz Bessone participó activamente en operaciones económicas relacionadas con el terrorismo de Estado y que no habría sido ajeno al secuestro y desaparición de empresarios como Julio Gallego Soto, quien habiendo sido amigo personal de Juan Domingo Perón, en los '70 actuó como lobbyista y asesor de distintos grupos empresarios.
Díaz Bessone -confió a Télam Víctor, uno de los hijos de Gallego Soto- era allegado a la familia del empresario y mantuvo contacto con ella aún después de que Julio había sido secuestrado y estaba desaparecido, pero no lo habría hecho por razones afectivas o humanitarias, sino para obtener información sobre los negocios y las relaciones dde e Gallego Soto con figuras del establishment económico y político.
Un defensor de Díaz Bessone, tras el fallo de la Corte sobre el "2x1", preparaba una presentación para solicitar el beneficio y lograr su excarcelación. La muerte llegó antes.
