En su Declaración de Tiquipaya, la Conferebcia demandó la instauración de “una nueva arquitectura financiera internacional, donde no existan organismos multilaterales al servicio del capital transnacional”. Esto debería consolidar “la propiedad social de los recursos naturales”.
Convocada por el presidente Evo Morales, la Conferencia, que reunió en Tiquipaya, a los expresidentes de Colombia, Ecuador y de España, Ernesto Samper; Rafael Correa y José Luis Zapatero respectivamente, pidió, asimismo, que el nuevo orden internacional otorgue prelación a una nueva forma de relación hombre/mujer/Estado con la Madre Tierra, en momentos en que la principal potencia de la historia de la humanidad, Estados Unidos, desecha el ecologista Acuerdo de París, resuelto a establecer un nuevo planteo para que los poderes industriales se avengan a un esquema que reduzca la temperatura global vía sustracción de la emisión de gases venenosos a la atmósfera.
“La convivencia armónica con la Madre Tierra y el respeto de sus derechos; asumiendo que la naturaleza puede vivir sin los seres humanos, pero los seres humanos no podemos vivir al margen de ella, conculcando sus derechos y destruyendo el hábitat”, urgió.
La Conferencia identificó a la opulencia como causa de la crisis que asola la sociedad global y pidió un nuevo parámetro político de equidad.
“La construcción de la paz verdadera, que no solo es la inexistencia de conflictos bélicos, sino también la superación de la violencia estructural que se traduce en el acceso equitativa de la riqueza y las oportunidades de desarrollo. Hemos verificado como principales causas de esta crisis los conflictos bélicos e intervenciones militares, el cambio climático y las enormes asimetrías económicas entre los Estados y al interior de ellos”, dice la Declaración Mundial de los Pueblos.
Corazón y razón de ser de su convocatoria, la Conferencia dijo que la crisis migratoria, originada por la ampliación de la brecha entre ricos y pobres y la desmedida apetencia por la riqueza natural, disparó los flujos migratorios e incrementó el número de desplazados por las guerras y el cambio climático hasta situarlo en 65 millones de personas.
“La crisis migratoria es una de las manifestaciones de la crisis integral de la globalización neoliberal”, conceptuó al tiempo de abogar por el derecho a la movilidad humana.
“Es un derecho arraigado en la igualdad esencial del ser humano. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, no responde a una decisión voluntaria de las personas sino a situaciones de necesidad que llegan a extremos de una migración forzada. Al dolor del desarraigo se suman las situaciones de injusticia, exclusión, discriminación y explotación que sufren las personas en tránsito y en los países receptores que atentan contra su dignidad, sus derechos humanos elementales, y en no pocas ocasiones, contra su propia vida”, deploró.
Construcción de muros
La Declaración buscó atacar el corazón de la política migratoria del nuevo presidente ultraconservador de Estados Unidos, Donald Trump y, en ella, la construcción de muros antimigrantes, también en Europa, respecto de los desplazados por las guerras en Oriente Próximo, e Israel respecto del pueblo de Palestina.
Pidió, por tanto, “la destrucción de muros físicos que separan a los pueblos; muros invisibles legales que persiguen y criminalizan; muros mentales que utilizan el miedo, la discriminación y la xenofobia para separarnos entre hermanos”.
De paso, convocó a los gobiernos de los Estados concernidos en la problemática y a los de “todas la naciones”, a luchar “de manera conjunta contra las redes criminales que trafican con seres humanos”.
También a declarar la trata y el tráfico de personas como delito lesa humanidad.
Por último, como consecuencia del orden internacional dominante, a “actualizar, fortalecer y avanzar en el sistema multilateral y sus instrumentos internacionales referidos a migrantes, refugiados y sus familias”.
