En la sentencia, el Tribunal Oral Federal de Paraná integrado por Beatriz Caballero de Barabani, Omar Paulucci y Jorge Sebastián Gallino consideró al policía coautor material de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y allanamiento ilegal, entre otros delitos.
Las víctimas de los delitos por los que resultó condenado Mazzaferri son César Manuel Román, Carlos Romero, Roque Minatta, Juan Rodríguez, Juan Romero, Hugo Angerosa, Carlos Martínez Paiva, Carlos Valente y Jorge Felguer. Ocho de ellas eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) o de la Federación Juvenil Comunista y formaban parte del movimiento estudiantil secundario de Concepción de Uruguay, localidad del este de Entre Ríos situada a unos 260 kilómetros de Paraná.
El caso es conocido como "la Noche del mimeográfo" porque los jóvenes fueron secuestrados en sucesivas redadas tiempo después de imprimir y distribuir volantes en repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Los jueces rechazaron la "prescripción penal" y otros planteos del abogado Guillermo Morales, defensor del acusado, y señalaron la imprescriptibilidad de delitos como los "tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos, determinando que fueron crímenes de lesa humanidad.
En consecuencia, la sentencia aceptó el pedido de pena que había realizado la fiscalía a cargo de José Candioti y Mazzaferri fue condenado a 20 años de prisión, cinco años menos que los solicitados por las querellas.
En la sentencia, el juez Paulucci marcó su disidencia parcial respecto de "la acusación de ser coautor material de asociación ilícita".
Si bien los abogados querellantes María Isabel Caccioppoli, Marcelo Boeykens, Sofía Uranga y Lucía Tejera habían pedido una pena de 25 años de prisión en cárcel común e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras el fallo dijeron estas "satisfechos con el monto de la condena" y que no apelarán, aunque aclararon que esperarán los fundamentos "para mejorar algo" en caso de considerarlo necesario.
El Tribunal Oral Federal fijó la audiencia para la lectura de los fundamentos de la sentencia para el próximo jueves 3 de agosto a las 11. Antes de la sentencia,
Mazzaferri responsabilizó a los padres de los estudiantes "si es que los hechos sucedieron" y se presentó a sí mismo como víctima al declarar en las llamadas últimas palabras: "en el final de mi carrera, como a un futbolista, me cortaron las piernas y no le encuentro respuesta".
Por su parte, el fiscal Candioti sostuvo que la pena "es proporcional al daño causado, porque aún hasta hoy en día perduran los efectos en las víctimas indefensas, chicos de escuelas secundarias, (por delitos cometidos) con total impunidad y con impunidad futura de la que lamentablemente gozó por mucho tiempo".
Señaló además que numerosas víctimas sobrevivientes y otros testigos señalaron que Mazzaferri era "el jefe de la tortura física y el que daba las órdenes", y que "disfrutaba de torturar a adolescentes indefensos" y de cometer "con sadismo múltiples delitos en múltiples ocasiones". Candioti subrayó que Mazzaferri integraba y dirigía "una patota de la Policía Federal de Concepción del Uruguay".
Mazzaferri, que hoy tiene 65 años, era el único acusado en este juicio, que comenzó el 6 de junio último, ya que estaba prófugo cuando otros dos represores fueron sentenciados en 2012 por los mismos crímenes, en el marco de la megacausa "Harguindeguy", que se tramitó en los tribunales federales de Paraná.
Repercusiones
Querellantes del juicio a Mazzaferri, condenado a 20 años de prisión, aseguraron que "Paraná va a ser una ciudad más feliz cuando todos los genocidas estén presos". "Estamos contentos por la condena, pero no olvidamos que estamos esperando audiencias orales en otros varios juicios", expresaron tras la sentencia del Tribunal Oral Federal que en Paraná consideró al ex policía federal Mazzaferri coautor material de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y allanamiento ilegal, entre otros delitos y los calificó como "crímenes de lesa humanidad".
Sofía Uranga, abogada querellante, señaló que "se tiene que dar sentencia en otras causas" y que "Paraná va a ser una ciudad más feliz cuando todos los genocidas estén presos por los hechos que cometieron durante el terrorismo de Estado".
"Este es un momento donde la emoción me hace acordar de todos los compañeros y compañeras desaparecidos", dijo a su vez María Isabel Caccioppoli, también querellante, igual que Marcelo Boeykens, quien expresó que "estamos satisfechos con el monto de la condena".
Lucía Tejera, abogada querellante, destacó que "la única manera de sostener estos juicios es con la gente en la calle, para que la justicia trabaje y haya condena efectiva", y pidió "que pongan fecha para la causa de pediatría", en la que están imputados los médicos Miguel Alberto Torrealday, David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, propietarios del Instituto Privado de Pediatría, acusados por el robo de bebés durante la última dictadura.
"Nos quieren hacer creer que estos juicios forman parte del pasado pero sabemos que esto es la posibilidad de pensar que se puede vivir en un país mejor y con justicia", subrayó Sabrina Gullino Valenzuela Negro, hija de militantes detenidos desaparecidos, melliza de quien hoy es un adulto de 37 años y continúa desaparecido y hermana del nieto restituido número 100, Matías Espinosa Valenzuela.
Por su parte, Iván Martínez Sosa, militante de derechos humanos, señaló que la sentencia "fue positiva", mientras que Joaquín Arijon -quien interpretó canciones propias y de reconocidos artistas nacionales- destacó que la actividad realizada en la calle a la espera del fallo "fue una experiencia muy linda y confortadora".
"Aportamos nuestro granito de arena desde lo que hacemos, que es música, vivimos un clima de sintonía entre todos los que estábamos, de decir que nunca más queremos esto en Argentina", afirmó el artista, en tanto la estudiante secundaria Agustina Troncoso sostuvo que seguirán "buscando y pregonando la memoria, la verdad y la justicia para que nunca más se cometan estos hechos".
