El presidente del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza, Alejandro Piña, confirmó a Télam que se dictará “sentencia después de la Feria”. En las últimas dos audiencias, celebradas entre ayer y hoy, se procedió a escuchar lo que se denomina “las últimas palabras de los acusados”, que es el último acto procesal antes del veredicto.
En relación con dicha acción judicial, las mismas ya fueron pronunciadas por casi todos los acusados, aunque algunos prefirieron no hacer uso de las mismas, y sólo queda que representantes del Tribunal se apersonen hasta donde se encuentran aquellos imputados impedidos de movilizarse hasta la Sala de Audiencias, para ofrecerles si quieren hacer uso de dicha potestad.
De los cuatro ex magistrados que se encuentran en el banquillo de los acusados, dos de ellos, Otilio Roque Romano y Guillermo Max Petra Recabarren, ya pronunciaron sus últimas palabras; mientras que los otros dos ex jueces, Luis Francisco Miret y Rolando Evaristo Carrizo, optaron por el silencio.
El ex director del Liceo Militar Espejo Carlos Tragant, quien fue juzgado en este megajuicio como autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por nueve hechos; Homicidio doblemente agravado por un hecho; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima por tres hechos; y asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de la misma, fue el último en dar las “últimas palabras” antes de que el debate pase a cuarto intermedio y vuelva tras el receso invernal.
Para el miércoles 26 de julio, tras la feria judicial de invierno, brindará sus “últimas palabras” el ex agente penitenciario Pedro Linares, quien es juzgado como autor material de tormentos agravados y asociación ilícita en calidad de integrante.
Luego, ya en la primera semana de agosto, está previsto que el Tribunal falle y que sea leido el veredicto en esta denominada “Megacausa”, que resulta de la acumulación de alrededor de 20 causas por delitos de lesa humanidad, sobre un total de 34 imputados, que incluyó el tratamiento de apropiación de una menor,
detenciones, secuestros, torturas, violaciones, desapariciones y/o asesinatos contra más de 200 víctimas durante la última dictadura. Dichos delitos fueron perpetrados por las Fuerzas Armadas, la cúpula y subalternos de Policía de la Provincia, los responsables de las torturas en la Penitenciaria Provincial, y cuatro ex jueces a quien se acusó que omitieron investigar los asesinatos y otros crímenes, constituyéndose en cómplices.
