Según los vecinos, se oyeron al menos 14 disparos. Un chico de 14 años murió en el acto, mientras que los otros dos fueron trasladados al hospital Castex con heridas de bala.
La Comisión Provincial de la Memoria se presentó ante la fiscalía y juzgado intervinientes y solicitó información sobre los primeros avances de la causa. Asimismo, realizó un pedido de informes a Asuntos Internos.
En el marco del creciente aumento de casos de uso letal de la fuerza por parte de agentes policiales y penitenciarios de la Provincia, en las últimas horas un policía de civil mató a un joven e hirió con disparos de bala a otros dos en la localidad bonaerense de Billinghurst, partido de San Martín.
El agente policial –un subteniente que presta servicio en el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de San Martín- fue detenido y denunció que la utilización de su arma reglamentaria fue por resistirse a un presunto robo y luego de haberles entregados a los jóvenes su teléfono celular. Sin embargo, en ningún momento apareció la supuesta arma con la que las víctimas lo habrían abordado.
Las otras dos víctimas fueron internadas en el hospital Castex, una con herida de bala en el abdómen y la otra con un disparo en la pierna. Los dos jóvenes están fuera de peligro.
En cuanto a las pericias, fueron realizadas por personal de Gendarmería Nacional en tanto que la causa la instruye el fiscal Marcelo Brocca, titular de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, quien estableció como carátula tentativa de robo y exceso en legítima defensa.
Para la CPM resulta alarmante la sucesión de casos de uso letal de la fuerza y advierte, según el último comunicado del organismo, “estas muertes no son casuales, tienen su explicación en la violencia estatal que se asume como respuesta natural a la problemática del delito. Esto se profundiza con el incremento de procedimientos y prácticas policiales ilegales como las razzias en colectivos, la saturación policial en los barrios, los procedimientos donde ingresan en escuelas y universidades sin orden judicial y la reforma de leyes como la de ejecución penal, entre otras”.
“Las promesas demagógicas de mayor seguridad siguen propiciando la violencia y la restricción de derechos. Los tres poderes del Estado son responsables de tomar las medidas efectivas para que no se produzcan más muertes”, señala la CPM.
