Más allá de la responsabilidad institucional de la Prefectura Naval por el avance de su grupo de élite Albatros sobre el territorio de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, la Justicia dio importantes pasos en las últimas horas para dar con el responsable del disparo que acabó con la vida del joven.
Según pudo saber En estos días a través de fuentes con acceso al expediente, los primeros resultados de las pericias balísticas y sobre las armas y ropas de los ocho prefectos que el sábado 25 de noviembre se adentraron en el territorio, la investigación se centraría en tres de ellos. Son precisamente estos tres Albatros los que portaban armas MP-5, que disparan balas 9mm.
Si bien paralelamente se está realizando en el predio del Tiro Federal la pericia sobre las 24 pistolas Beretta -también con carga de 9 mm- que se secuestraron a los prefectos; el dato clave en este momento de la investigación puede surgir de los barridos electrónicos sobre las cintas de carbono, que se están realizando en el Instituto Balseiro y que permitirán determina cuál de los prefectos disparó su arma MP-5. Los otros cinco prefectos que ingresaron al territorio tiraron con escopetas antitumulto y armas que lanzan pelotas de pintura. Las descargas con las pistolas no están confirmadas, y habrían sido utilizadas en menor medida que los fusiles.
El trabajo en el Tiro Federal lleva ya tres días y consiste en contabilizar los cartuchos existentes en las pistolas secuestradas con posterioridad a la represión en Villa Mascardi, y se efectúan tres disparos con cada una de las armas para en una etapa posterior comparar esas vainas y proyectiles testigos con la bala extraída del cuerpo de Rafael Nahuel.
La tarea es minuciosa: hasta este jueves se habían extraído 51 vainas, y la pericia continuará por varios días.
Para una de las abogada de la familia del joven mapuche asesinado, Julieta Wallace, “es tan importante el trabajo sobre las MP-5 como sobre las pistolas”, ya que si bien los testimonios existentes hasta el momento hablan de disparos con balas de plomo realizados con armas largas, no debe descartarse el uso de las baretta.
Al mismo tiempo, se diligencia otra medida clave: el barrido electrónico sobre las cintas de carbono que determinarán a partir de los rastros de pólvora en las manos, cuáles de los prefectos realizaron disparos.
Las muestras de carbono se tomaron pocas horas después de comprobado el fallecimiento de Rafael Nahuel, en una estación de servicios ubicada a pocos metros de la comunidad, bajo la supervisión del Juez interviniente, Gustavo Villanueva.
De acuerdo a lo revelado oportunamente por este medio, la cantidad de cintas utilizadas en cada uno de los Albatros fue menor al número establecido como parámetro de calidad para esta pericia.
En tanto, la Cámara Federal de General Roca rechazó el pedido de la Fiscal Silvia Little -avalado en un dictamen por el Fiscal ante la Cámara, Mario Sabas Herrera- para revocar la excarcelación de Fausto Jones Huala y Lautaro González. La solicitud se basaba en una supuesta posibilidad de fuga de los dos jóvenes que aún se encuentran imputados, y que bajaron desde la montaña hasta la ruta el cuerpo herido de Rafael. “Se nos murió en las manos”, declaró oportunamente González, al momento de relatar que al ver a Nahuel herido improvisaron una camilla para llevar a Rafael hasta la ruta. Una vez allí se entregaron sin oponer resistencia.
Los argumentos brindados por la Fiscal Little y sostenidos por el Fiscal ante la Cámara Sabas Herrera para volver a encarcelar a Jones Huala y González contradicen todos los datos surgidos de la inspección ocular realizada en la comunidad. La representante del Ministerio Público Fiscal aseguró en su escrito que el 25 de noviembre existió en el territorio “resistencia armada contra la autoridad, violencia desplegada y el concreto peligro para la fuerza federal atacada que se encontraba resguardando el lugar”. Nada de eso ocurrió. Tanto del rastrillaje como de los testimonios tomados por el Juez y las partes, no existió enfrentamiento alguno, no se pudo verificar la existencia de armas de fuego en manos de la comunidad mapuche, y no hubo ningún miembro de las fuerzas de seguridad federales herido.
Por ese motivo la Cámara resolvió rechazar el pedido fiscal y permitirá a Jones Huala y González continuar el proceso en libertad.
Por Santiago Rey, enestosdías
