Los bosques nacionales representan el 19% de la superficie forestal del mundo y concentran el 20% de las reservas de agua dulce del planeta. Por ello, Ecuador presentó ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en diciembre, la Iniciativa Amazónica.
La propuesta, según la canciller María Fernanda Espinosa, convoca a los ocho países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica con cinco objetivos puntuales: proteger la mayor cuenca hidrográfica del mundo, conservar la biodiversidad de la zona, combatir la deforestación, contrarrestar el cambio climático y proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
La Amazonía ocupa el 40% del territorio de América Latina. Ahí habitan 40 millones de personas (incluidos 350 grupos indígenas), que a pesar de “vivir cerca de las vertientes no cuentan con agua potable”, señala el ingeniero hidráulico Gabriel Briones, de la Escuela Politécnica Nacional.
Entre las razones que impiden el acceso al mencionado servicio están la minería, la pérdida de bosques, las exploraciones petroleras y las descargas directas de las aguas servidas.
Su valor hídrico
En Ecuador, según un informe elaborado por la Cepal y publicado por la Secretaría del Agua (Senagua), el mayor potencial hídrico del país se localiza en la vertiente amazónica. Allí se producen 228.917 hectómetros cúbicos por año. Esto es hasta tres veces más de lo que se capta en la Sierra y en la Costa.
La ecóloga Alejandra Ortiz precisa que el río Amazonas fluye a lo largo de 6,9 millones de km y que su caudal medio -el mayor del mundo- es de 225.000 metros cúbicos de agua por segundo.
Para dimensionar la importancia de este ecosistema, Ortiz da un ejemplo: La Amazonía es una región gigantesca de bosques con mucha agua, la cual, con el calor del sol, se evapora y viaja hacia zonas distantes, como Chile y Argentina, incluso Centroamérica. “Ahí se produce parte del agua que utiliza la Pampa argentina, una de las zonas más fértiles del planeta”.
Otra de las funciones ambientales que cumple esta región es la de ser aliada de los manglares, pues en la desembocadura del Amazonas se forman gigantescos bancos de lodo de 20 a 30 km de ancho y hasta 60 km de largo. Estos y las barras de lodo en tierra favorecen el crecimiento de manglares.
A esto se suma el reciente descubrimiento de un sistema de arrecifes coralinos de más de 1.000 km de longitud en la boca del río Amazonas, en la frontera entre Guayana Francesa y Brasil.
A pesar de su alto valor ecosistémico, esta área necesita mayor atención en cuanto a su conservación, señala el informe ‘Amazonía Viva’, una investigación de la organización WWF.
El documento publicado en 2016 advierte sobre el dramático aumento de las acciones legislativas dirigidas a degradar, reducir el tamaño o descatalogar las áreas protegidas en esa región (proceso conocido como PADDD).
El informe denuncia la existencia de 250 proyectos propuestos para edificar represas en los ríos de esta región y 20 planes de construcción de vías a través de sus bosques.
Eliminación de la tala
Una de las metas planteadas en la iniciativa estatal es que hasta 2030 la tasa neta de deforestación de los ocho países amazónicos sea cero.
Tarsicio Granizo, ministro de Ambiente, informó que en la actualidad Ecuador registra una tasa neta “elevada”. Según el funcionario, 40.000 hectáreas son taladas cada año en el país.
Entre los esfuerzos que se realizan para combatir este problema ambiental está la activación y seguimiento del Programa Socio Bosque.
Del territorio de la Amazonía (11 millones de hectáreas), apenas 1’196.509 son parte del proyecto. Cada año, el Ministerio de Ambiente destina $ 5’608.134,20 para este propósito.
El funcionario agregó que hasta febrero de 2018 está prevista la adjudicación progresiva de territorios ancestrales dentro de las áreas protegidas de los pueblos siekopia, sinangóe, cofán zábalo (Cuyabeno, Cayambe Coca), quichuas y huaroanis (Parque Nacional Yasuní).
Yntze van der Hoek, docente investigador de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, realizó una investigación, la cual determinó que la deforestación fue menor dentro las áreas protegidas.
El informe agrega que la protección gubernamental evitó la tala adicional de entre 2.600 y 7.800 hectáreas de bosque por año.
Según el docente, las áreas protegidas disminuyen la deforestación, apoyan la conservación de especies, ecosistemas y servicios. “Aunque aún se puede mejorar la efectividad de las áreas”.
El territorio está en constante amenaza
La expansión de las actividades agrónomas y ganaderas, el aumento de las concesiones mineras y el crecimiento de las hidroeléctricas son algunos de los factores que afectan a la selva más grande del mundo.
Así lo sostiene el informe ‘El estado de la Amazonía: conectividad de agua dulce y salud de los ecosistemas’, de la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
A pesar de que el 17% de la selva ha sido destruida, grandes áreas se mantienen en buenas condiciones.
No obstante, la Amazonía sigue cambiando de manera acelerada.
Por ejemplo, la producción agrícola a gran escala y la ganadería impulsadas por las exportaciones a China ocasionan la deforestación y la pérdida del hábitat natural.
Además, los cultivos de la palma de aceite crecen en la región más que cualquier otro sembrío.
El informe también resalta el riesgo que corren las áreas protegidas.
Esto obedece a que ocho países (Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam) conforman la gran selva amazónica.
Por esta razón, el cambio de las leyes en los demás países abren paso a proyectos productivos que van en contra de la conservación.
Otra de las grandes amenazas es la minería. Según la WWF, se entregaron 800 permisos para la explotación en áreas protegidas. De igual manera se registran 6.800 solicitudes en proceso de revisión que evidencian la magnitud de esta amenaza en la zona.
El Ministerio del Ambiente (MAE) informó que la ocupación de la Amazonía ha sido generalmente agresiva y depredadora por la búsqueda de El Dorado y el mito de las amazonas, las plantaciones de caucho de la segunda mitad del siglo XIX, la extracción del petróleo, la minería, la explotación de los bosques, la actividad agrícola y pecuaria, las grandes obras de generación hidroeléctrica y la expansión de la infraestructura vial de las últimas décadas.
Según el MAE, los efectos ambientales, sociales y culturales de estos procesos de ocupación se relacionan con la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del agua y la alteración de los ritmos de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Tarsicio Granizo, ministro del Ambiente, agregó que otro problema en el sector es el tráfico ilegal de madera y de fauna silvestre que se da, principalmente en la Amazonía.
Según la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional (UPMA), hasta noviembre de 2017 se confiscaron 3.413 especímenes de fauna silvestre en los operativos realizados en el territorio nacional.
En 2016 se contabilizaron 2.945, mientras que en 2015 hubo 2.432 animales rescatados.
