Tras una investigación iniciada por el educador y abogado Martín Almada (foto), cerca de 700.000 páginas de documentos secretos fueron encontradas el 22 de diciembre de 1992 en una comisaría paraguaya. El hallazgo que prueba la existencia de la Operación Cóndor tiene estrecha relación con la historia personal de su descubridor, que hoy tiene 80 años.
En 1974, la inteligencia militar del Plan Cóndor clasificó como “subversiva” su tesis titulada “Paraguay: Educación y Dependencia”, producida en el marco de sus estudios doctorales en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Bajo la acusación de “terrorista intelectual”, Almada fue secuestrado y sometido a torturas a lo largo de los tres años que duró su cautiverio. Durante ese tiempo falleció su esposa, la educadora Celestina Pérez, producto de repetidas torturas psicológicas.
25 años de los Archivos del Terror y el Plan Cóndor, piezas fundamentales de memoria y justicia universal
Tras una fuerte presión internacional, Almada fue liberado en 1977 y asilado en Panamá. Fue luego contratado por la UNESCO en París, donde vivió exiliado junto a sus tres hijos. Al regresar a Paraguay una vez restablecida la democracia, reclamó conocer sus antecedentes penales. Le respondieron que no existían y le negaron que alguna vez haya estado privado de su libertad. A instancias de la figura de Habeas Data, incorporada en la Constitución paraguaya de 1992, Almada inició una investigación que contó con el respaldo del juez José Agustín Fernández.
Junto a su segunda esposa, la periodista y educadora argentina María Stella Cáceres, su equipo de colaboradores de la Fundación Celestina Pérez de Almada y amigos y amigas internacionales, Almada siguió los indicios recogidos durante los años de encierro y exilio.
El 22 de diciembre de 1992 se dispuso el operativo que condujo al descubrimiento de los “Archivos del Terror” en el Departamento de Producciones de la Policía Nacional, en la ciudad de Lambaré. Se encontraron miles de documentos probatorios de la existencia del Plan Cóndor, entre ellos, actas de la reunión internacional celebrada en Chile en noviembre de 1975, referida a la llamada Operación Cóndor. Entre los documentos también había fichas de detenidos, detenidos desaparecidos, informes confidenciales de delatores, pedidos de búsqueda de gobiernos y autoridades militares y policiales de los países de la región, declaraciones de detenidos, controles a partidos políticos, grupos estudiantiles, sindicales, religiosos, controles telefónicos y vigilancia domiciliaria, entrega de prisioneros, grabaciones de conferencias, discursos, programas radiales y fotografías de opositores políticos, inclusive de niños y adolescentes detenidos y torturados.
Este acervo documental está disponible para su consulta pública en el Museo de la Justicia emplazado en el Palacio de Tribunales de Asunción. Desde el año 2009 cuenta con la categoría “Memoria del Mundo” de la UNESCO y con motivo del 25º aniversario de su descubrimiento, el gobierno paraguayo lo declaró Bien de Patrimonio Cultural Nacional. A nivel internacional, el hallazgo tuvo numerosas consecuencias tanto en la aprobación de leyes y consolidación de instituciones democráticas como al servicio de la búsqueda de justicia para las víctimas.
Por su coraje en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de justicia contra los torturadores, Martín Almada fue galardonado con el Right Livelihood Award en 2002. Esta distinción también conocida como “Premio Nobel Alternativo” le fue concedida en el Parlamento sueco al cumplirse 10 años del hallazgo de los “Archivos del Terror”.
Pese a su aporte permanente facilitando pruebas y atestiguando en juicios, él mismo no ha obtenido justicia. La paralización de su querella criminal contra el dictador Stroessner, cómplices y encubridores lo llevó a recurrir al principio de Jurisdicción Universal, interponiendo una causa en los Tribunales Federales de Buenos Aires junto a un grupo emblemático de víctimas. Su caso y el de su esposa Celestina Pérez también están radicados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por sus denuncias, Almada ha enfrentado ocho juicios por parte de represores bajo la acusación de calumnias. Tales demandas fueron desestimadas en todos los casos luego de años de tensa tramitación y riesgos. Con 80 años, Almada continúa buscando archivos que aporten al esclarecimiento del Plan Cóndor, reclamando incluso al Papa por la apertura de los documentos sobre las dictaduras del Cono Sur de América Latina que obran en poder del Vaticano.
Documentos al servicio de la justicia nacional y universal
Detención del dictador genocida Augusto Pinochet de Chile en Londres, 1998. La Audiencia Nacional de España recibió los documentos probatorios del Plan Cóndor que contribuyeron al auto de procesamiento.
Martín Almada aportó documentos probatorios y actuó como perito en los Juicios contra las dictaduras de Argentina y Uruguay en los Tribunales de París, Francia; y en Roma, Italia por las desapariciones forzadas de ciudadanos italianos en países latinoamericanos que se encontraban en dictaduras. Realizó sucesivas denuncias entre 1989 y 2015.
Los Juicios por la Verdad en Argentina por la apropiación de niños/as durante la dictadura militar (1976/1983) contaron con pruebas provenientes del Archivo del Terror.
La Megacausa Cóndor (Argentina) con sentencia en mayo de 2016 se apoyó en documentos microfilmados del Archivo presentados por los familiares querellantes para establecer que “el Cóndor fue un plan sistemático de eliminación de personas que actuó mediante la coordinación de los gobiernos de la región”.
Copias de fondos documentales fueron entregadas en 2012 a la Comisión de la Verdad de Brasil.
Las consecuencias del descubrimiento del “Archivo del Plan Cóndor”
Fue cerrada la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, sede de la policía política de la dictadura paraguaya, especializada en torturas y organizada con apoyo de los Estado Unidos de Norteamérica. Ante el impacto público por el hallazgo de los Archivos, la DNAT fue cerrada por Resolución Nº 766 del Ministerio del Interior en la tarde del mismo día del descubrimiento. Se estima que allí fueron torturadas miles de personas. Desde 2002, el edificio alberga el “Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos”, creado a instancias de la Fundación Celestina Pérez de Almada y en respuesta a las necesidades de las víctimas. Fue declarado “Sitio Histórico y Bien Cultural de la República” en 2008.
El Estado Paraguayo aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Conocimiento y Juzgamiento de Violaciones a los Derechos Humanos, a través del Decreto Nacional 16.078 del 8 de enero 1993. Con ello se puso en vigencia la Ley Nacional 1/1989 que se encontraba sin promulgación. Decenas de casos paraguayos se procesan ante esta Corte que produjo sentencias en ocho juicios por crímenes de lesa humanidad, incluidas desapariciones forzadas de personas.
Se creó el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los DD.HH. por Resolución 81/1993 de la Corte Suprema de Justicia. Hoy “Museo de la Justicia” con rango “Memoria del Mundo” para la UNESCO. Con motivo del 25º aniversario, el gobierno paraguayo declaró Bien de Patrimonio Cultural Nacional al acervo documental del “Archivo del Terror”, mediante Resolución 685/2017 de la Secretaría Nacional de Cultura. Igualmente depositó una colección digitalizada en el Archivo Nacional con la finalidad declarada de facilitar la consulta de la ciudadanía y favorecer la investigación histórica.
Se consagró el 22 de diciembre como el Día de la Dignidad Nacional en homenaje al descubrimiento del Archivo del Terror. Fue una iniciativa de estudiantes del histórico Colegio Cristo Rey, asumida por Senador Juan Manual Peralta y convertida en Ley 561/1995.
Leyes de Indemnización a las víctimas, cónyuges e hijos/as. Desde 2002 a la fecha, las leyes 838/86, 3603/08 y 3603/08 posibilitaron una parcial reparación económica para más de 14.000 personas víctimas y sus familiares.
La Comisión de Verdad y Justicia, propuesta por las víctimas, se crea mediante ley 2.223/2005. Sobre la base de los documentos del Archivo, a lo largo de cuatro años elaboró un Informe Final que reconoce la existencia de 130.000 víctimas y más de 20.000 personas sometidas a torturas, similar cantidad de personas enviadas al exilio, 500 personas detenidas desaparecidas, el genocidio del Pueblo Originario Aché, además de 8.000 hectáreas de tierras mal habidas mayoritariamente cedidas a militares, personeros de la dictadura y extranjeros. El documento produjo Conclusiones y Recomendaciones; hasta la fecha ningún gobierno asumió la responsabilidad de avanzar en su concreción.
La creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay para contribuir al respeto a los Derechos Humanos en la actualidad y combatir las prácticas enraizadas para interrogar y reprimir impartidas por asesores extranjeros en tiempos de dictadura stronista y los cursos en la Escuela de las Américas.
