El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén impuso penas de prisión a cinco ex militares del Ejército y a dos ex policías por el secuestro y las torturas a las que fueron sometidos dos hombres procedentes de las ciudades de Cutral-Co y Catriel, en Neuquén, en 1976 y 1977, en el marco de la última dictadura cívico militar. De esta manera, el tribunal condenó a los siete imputados señalados por el titular de la Fiscalía General ante el TOF de Neuquén, Miguel Palazzani, en sus alegatos.
En este marco, resultaron condenados por su responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravada por ser la víctima un perseguido político: el ex jefe de Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI, Oscar Lorenzo Reinhold, a seis años y dos meses de prisión, el ex subcomisario de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza, a cinco años de prisión, los ex jefes de la Primera Sección del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, Sergio Adolfo San Martín y Jorge Héctor Di Pasquale, a penas de cinco años y ocho meses, y cinco años y cuatro meses, respectivamente.
Además, recibieron penas de tres años de prisión por ser partícipes necesarios del delito de privación ilegal de la libertad agravada el ex teniente 1º a cargo de la Compañía "A" del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181, Gustavo Vitón, y el ex jefe de Operaciones Especiales del área 5212, Antonio Alberto Camarelli. Mientras que el ex integrante del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, Jorge Eduardo Molina Ezcurra, recibió una pena de cinco años y ocho meses de prisión por ser partícipe primario en el delito de privación ilegal de la libertad agravada por empleo de violencia.
Los hechos por los cuales resultaron condenados los ex integrantes de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas tuvieron como víctimas a Félix Urbano Alcides Oga, secuestrado en 1976, y Alipio Quijada, víctima de secuestro y tormentos en ocurridos en 1977. Los dos sobrevivieron, pero este último falleció un tiempo después.
Cabe recordar que en su petitorio final, la Fiscalía había solicitado que "se califique a todos los delitos como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio perpetrado en nuestro país, que se tenga presente que los ilícitos que aquí se juzgan son imprescriptibles e inderogables, no admiten beneficios del indulto ni leyes de amnistía, ni similares y se rechacen las propuestas que pretender otorgarle ultraactividad a las leyes de obediencia debida o punto final".
