"La CIDH valora esta acción como un paso importante en la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia", señaló un comunicado del organismo.
El Congreso Nacional ratificó por ley en 1986 la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la ONU en 1984 y firmada en 1985 por la Argentina.
En 2004 ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención, que entró en vigencia en el 2006 y seis años después, en 2012, una nueva ley creó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Pero recién el 28 de diciembre de 2017 y en cumplimiento de reclamos de organismos internacionales, se constituyó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, encargado del "monitoreo respecto de lugares de detención donde se encuentran personas privadas de libertad, tales como recintos penitenciarios, comisarías e instalaciones de fuerzas de seguridad".
Este último paso dio "cumplimiento a recomendaciones de diversos organismos internacionales", entre ellos el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité contra la Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y la propia CIDH, organismo interamericano que funciona con autonomía en el marco de la OEA.
Junto a su valoración positiva, la CIDH instó al Estado argentino a "adoptar las medidas necesarias para que el mecanismo establecido cuente con los recursos suficientes y el apoyo institucional necesario para ejercer sus funciones de manera efectiva y con la autonomía e independencia que demandan la naturaleza de sus funciones".
