En sus considerandos el juez consideró que acusar a alguien de pertenecer a los servicios secretos israelíes es una incitación a la discriminación y elucubró para ello una larga serie de asociaciones libres al respecto.
El juez federal Sergio Torres procesó al diputado Leopoldo Moreau por "incitación a la discriminación", tras ser denunciado por su par de Cambiemos, Waldo Wolff, tras vincularlo con el Mossad.
Se le atribuye “el haber incurrido en un acto de carácter público con que se alentara o incitara a la persecución u odio de los miembros de la comunidad judía argentina, y en lo específico, del diputado Waldo Wolff, a causa de sus creencias religiosas".
La denuncia penal fue realizada luego de que Moreau dijera en declaraciones televisivas que en el caso Nisman y en el pacto con Irán “están trabajando Wolff y otros agentes del Mossad”.
Para el juez, Moreau llama agente del Mossad a Wolff "sin dar ningún argumento que sostenga sus dichos, más allá del mero hecho de practicar la religión judía".
Wolff había enviado una carta documento a Moreau acusándolo de utilizar "los argumentos del más rancio y radical antijudaísmo". "Es indispensable que sepa que desde lugares de alto impacto comunicativo adjetivar a un compatriota que piensa distinto como representante de intereses extranjeros -y del servicio secreto israelí por mi condición de judío- implica usar los mismos argumentos que usaron los más sangrientos totalitarismos a lo largo de la historia. Ya Dreyfus fue acusado por el nacional socialismo francés por lo mismo y muchos judíos, entre ellos varios de mis familiares directos, murieron en los campos de concentración a manos de los Nazis por los mismos falaces señalamientos", decía ese mensaje.
Como Moreau no se retractó ni contestó la carta documento, a fines de noviembre lo denunció ante la Justicia federal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque Moreau debería haber realizado una denuncia, y por incumplir ley antidiscriminatoria. La causa le tocó al juez Sergio Torres, que luego citó a Moreau a declarar.
En su declaración, Moreau se defendió argumentando que "se está violando el artículo 68 de la Constitución Nacional que impide que un legislador sea interrogado judicialmente por sus opiniones" y que "la causa se entromete en una situación de competencias constitucionales porque este tema ha sido planteado en el recinto de la Cámara de Diputados en el marco de lo que se denomina una cuestión de privilegios en la que solo pueden intervenir sus integrantes, por lo tanto se está promoviendo una invasión de poderes".
A este particular, el juez Torres aclaró que "la inmunidad mencionada no prosperará en el presente caso porque no hay una conexidad entre los dichos de Leopoldo Moreau y su tarea como Diputado de la Nación; las manifestaciones no fueron una opinión o un discurso; el artículo 68 de la carta magna debe compatibilizarse con los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional; los funcionarios no pueden ampararse en el artículo 68 de la Constitución Nacional para cometer delitos a través de sus declaraciones y; en la presente causa no se solicitó el desafuero de Moreau en los términos del artículo 5º de la ley 25.230, sino que se lo citó a ejercer su derecho de defensa".
En la declaración de la denuncia, Wolff había indicado nunca haber trabajado ni ser agente del Mossad. Además afirmó desconocer la existencia de personal del servicio secreto israelí en la Argentina.
Wolff planteó que la exposición de Moreau representa “un agravio” y que de ser verdad “debió haber denunciado tan graves hechos que podrían afectar la seguridad de la Nación y representar una indiscutida trascendencia institucional para la Argentina”.
“Sus injustos y espurios dichos influyen negativamente en el concepto de la ciudadanía sobre los funcionarios”, explicó Wolff y añadió: “Agravia la tarea del poder judicial al decir que miembros de otros estados están influyendo y manipulando los hechos y las pruebas”.
