Falco había sido sentenciado a 18 años de prisión, pero luego la Cámara Federal redujo la pena a 14 años. Durante el juicio pudo probarse que fue Personal Civil de Inteligencia de la Policía Federal, por lo que contaba con documentos falsos, lo que incrementa el riesgo de que se fugue. A pesar de que Juan logró restituir su identidad en 2004, e iniciar el juicio por su apropiación, Falco recién fue detenido en 2011, cuando se le dictó condena. En este sentido, el represor, apenas cumplió la mitad de la pena en una unidad penitenciaria.
Bajo los argumentos de afecciones cardíacas y de que ha superado los 70 años, la jueza le otorgó la prisión domiciliaria en el barrio cerrado “Los Potrillos”, ubicado en Ruta 8, km. 62, Fátima, Provincia de Buenos Aires. El privilegio al que acaba de acceder Falco resulta aún más irrazonable, al ser otorgado en un barrio cerrado en el que las fuerzas de seguridad deberían anunciar su visita a la seguridad privada, para controlar el cumplimiento efectivo de la condena. Por último, cabe aclarar que las afecciones cardíacas de Falco, bien pueden ser tratadas en el hospital de la unidad penitenciaria.
"Las Abuelas rechazamos este tipo de decisiones, que convierten la prisión domiciliaria, cada vez más en un privilegio para los represores, y menos en una excepcionalidad. Apelaremos esta medida convencidas de que el único lugar para los genocidas es la cárcel común."
