En el escrito entregado al juez federal Sebastián Ramos, Delgado le pidió que encomiende una investigación al respecto basada en cables recibidos del Ministerio de Economía, de Relaciones Exteriores, entre otros documentos relativos al FMI.
Delgado sistematizó los documentos y los incorporó a su dictamen para proponer al juez que “encomiende a un organismo del Poder Ejecutivo Nacional la compulsa de los archivos epocales, para que auxilie al juzgado identificando los documentos compatibles con los trazos de este dictamen”, según el escrito entregado hoy a Ramos.
La fiscalía pidió al juez que encomiende la misma tarea a la delegación argentina en el FMI y al Banco Central para compulsar “todos los archivos que documenten la relación hacia afuera del Estado Nacional, durante el período 1976-83, en particular con el Fondo Monetario Internacional y el resto de los organismos que forman la multilateralidad en materia de créditos institucionales a nivel internacional”.
Para Delgado, “el punto de llegada es verificar si es posible reconstruir el circuito comunicativo del Estado hacia adentro y hacia afuera, a fin de tratar de responder la nueva pregunta que, proponemos, debe guiar la pesquisa: determinar si el FMI es culpable en tanto institución”.
La fiscalía aludió a una “complicidad estructural a nivel macro” y evaluó que “algunos agentes del FMI eran conscientes” de que en la República Argentina se estaba “reformando” a sangre y fuego la sociedad, para “ajustar” las relaciones sociales al nuevo patrón de acumulación que surgía del incipiente “Consenso de Washington” y que “hoy reina como la versión financiera del capitalismo”.
“Esto es que entre la represión y las ideas económicas había un nexo genético. Y, además, que participaron de esos hechos asumiendo esa relación, sabiendo que el terror dejaría el camino listo para el nuevo rumbo social”, agregó la fiscalía.
El fiscal entendió que se revela “con nitidez que mientras el terror azotaba la subjetividad de los argentinos hacia adentro, hacia afuera se privilegiaba captar los nuevos vientos de la relación social capitalista que mutaba de su faz industrial hacia la financiera”.
Delgado pidió a Ramos que encomiende a la “Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia”, a la representación argentina ante el FMI y al Banco Central la búsqueda de “elementos contextuales necesarios para dirimir la existencia de responsabilidad ‘gruesa’ en los hechos”.
La relación del FMI y sus políticas de crédito en el contexto de la dictadura cívico militar fue investigada en 2005 por el entonces diputado nacional Mario Cafiero en un informe presentado en el Congreso bajo el título “El FMI y la debacle argentina”.
En él, se analiza la responsabilidad del FMI en la deuda externa, en la convertibilidad de la deuda por activos públicos, y “la subsecuente convertibilidad monetaria, que llevó a la Argentina a la peor catástrofe de su historia”.
El informe parte de datos objetivos en los que consigna que entre 1976 y 1983 “la deuda externa argentina se multiplicó seis veces en seis años” al puntualizar que “pasó de 7.000 mil millones de dólares en 1976, a 42.000 millones de dólares en 1982, sin que nunca se haya esclarecido debidamente en qué fue empleada”.
El ex legislador se basó en diversos análisis que puntualizan que “alrededor de 30 mil millones de ese incremento sería “deuda sucia”, de carácter fraudulento, que se fugó del país y apareció como ahorros en el exterior de residentes argentinos. “Así como para perpetrar el terrorismo de Estado, fue necesaria una organización que hiciera operables los grupos de tareas, los centros de tortura y detención, el exterminio y desaparición de personas, etc, análogamente, en el plano económico, este régimen requirió de un sistema de corrupción estructurado”, sostiene la investigación. “Como consecuencia en ese sangriento interregno que soportó el país, se ‘esfumaron’ 30.000 desaparecidos; y 30.000 millones de dólares; e indudablemente, no podría haber sucedido una cosa sin lo otro, y esto último sin el auxilio intelectual y el aval del FMI, quien fue el que requirió la implementación de políticas que propiciaron este resultado”, resalta el informe.
Apunta también sobre “socios internos” que posibilitaron tales acuerdos y responsabiliza en primer lugar al fallecido ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz “impuesto por el FMI por defender intereses financieros mundiales”.
Destaca también que el primer crédito (por 110 millones de dólares) otorgado por el organismo se había acordado durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón pero fue desembolsado tras el golpe “quedando claro así que el FMI puso lo suyo para ayudar a derrumbar al tambaleante gobierno democrático”.
La ayuda del FMI fue reforzada en sucesivos préstamos que, según Cafiero, ante las denuncias internacionales de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura “es obvio que un gobierno dictatorial aislado del mundo debía someterse a la exigencia de los banqueros extranjeros, ya que estos eran prácticamente el único vínculo que tenían con el exterior”.
“Si sus crímenes de lesa humanidad han sido acabadamente demostrados y condenados tanto por tribunales nacionales como extranjeros, ya hemos recorrido un tramo importante. Resta analizar de qué modo ese desmesurado endeudamiento fue parte necesaria del plan genocida que hizo a su propia supervivencia”, concluye el capítulo dedicado a la deuda externa argentina.
