Si bien el pasado jueves 13 de noviembre el general Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), se reunió con diputados integrantes de la Comisión sobre el caso Ayotzinapa, esta reunión fue en privado y, a juzgar por las declaraciones de prensa de los legisladores al final del encuentro, me parece que tanto el tono como el contenido de dicha reunión fueron como un día de campo para el general Cienfuegos.
Yo esperaba mucho más de los integrantes de esta comisión. Sea por falta de preparación sobre el caso por parte de los diputados o sea por falta de voluntad política –o por ambas-, mis expectativas sobre los resultados de esta comisión son ahora muy bajas.
Abundan los testimonios sobre la complicidad de elementos del ejército aquella noche. La presencia del ejército en esa zona data de décadas y poco se mueve dentro del territorio guerrerense sin que el ejército se entere; especialmente en la noche del 26 de septiembre de 2014, en la que el ejército tuvo un papel protagónico. Al respecto, véase la declaración de Omar García, normalista de Ayotzinapa sobreviviente del ataque, en entrevista con Carmen Aristegui [1].
En esa entrevista, el testigo describe la complicidad a sueldo que por años ha tenido el ejército mexicano con los cárteles de la droga en el estado de Guerrero y la participación activa de los militares esa noche en los asesinatos y desaparición de los estudiantes –por eso me indigna tanto la timorata actitud de los diputados con el titular de la SEDENA [2].
Es abrumadora la evidencia de que estas prácticas mercenarias del ejército están teniendo lugar en todo el territorio nacional desde hace décadas y que se ha ido agravando en los últimos años [3].
Al día de hoy, la opinión pública tiene fuertes elementos sobre la culpabilidad en este crimen de lesa humanidad por parte de elementos del Estado provenientes de los tres niveles de gobierno, mínimamente: del gobierno federal por medio del ejército mexicano; del gobierno estatal por medio del Gobernador con licencia Ángel Aguirre y de su Secretario General de Gobierno, y; del gobierno municipal de Iguala y de Cocula por medio de policías y funcionarios municipales.
La responsabilidad por estos crímenes de Estado [4] no se limita a los autores materiales directos, pues también –y con más peso aún- incluye a los jefes y otros superiores. Lo anterior lo afirmo con fundamento en el Estatuto de Roma [5], el cual rige la competencia y funcionamiento de la Corte Penal Internacional (ONU 1998), del cual México es signatario desde el año 2005 –y por tanto acepta la competencia de dicha Corte.
La responsabilidad, con base al Estatuto de Roma, recae también en los jefes y otros superiores:
Artículo 28.- Responsabilidad de los jefes y otros superiores. Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:
a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:
i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y
ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
[1] - Ver video, minuto 7:45 https://www.youtube.com/watch?v=xsiJD3n7s4s
[2] Además, léanse los siguientes testimonios:
Ejército presenció masacre a estudiantes de Ayotzinapa sin intervenir: Los Ángeles Press
Intervención del ejército en contra de los normalistas: Blog del Estado Mayor
Militar torturado por la Policía de Iguala, antes de caso Ayotzinapa: Los Ángeles Press
[5] Véanse:
Artículo del diario The New York Times sobre señalamientos oficiales del gobierno de los EUA sobre la complicidad de militares mexicanos con los cárteles de la droga
Artículo del periódico ABC de España: EEUU advierte sobre la complicidad de las autoridades con los cárteles de droga en México.
[6] O, más precisamente, Crímenes de lesa humanidad por asesinato, privación grave de la libertad física, tortura, persecución y desaparición forzada de personas por parte del Estado, cuya validez del término he fundamentado en el artículo "Señor procurador, Iguala sí es el Estado mexicano".
[7] ONU (1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Depositado en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Documento A/CONF.183/9. 66 pp. Roma.http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
*El autor es Doctor en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad de Economía de Viena (WU-Wien), en Austria, ex-funcionario de la ONU (CEPAL) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT. Twitter: @SergioSaldanaZ
Fuente: www.losangelespress.org
