Massot no diluyó contradicciones en sus coartadas y repitió que estuvo ausente de la ciudad al momento de los hechos que se le imputan. Por otra parte el juez que durante años cajoneó está causa realizó una extraña acusación sobre el juez actual de la misma.
Vicente Massot, propietario y director de La Nueva Provincia, prestó este jueves 20 declaración indagatoria en Bahía Blanca ante el juez Álvaro Coleffi y los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, que desde mayo del año pasado lo acusan de participar, desde su rol directivo en el diario bahiense, en el plan criminal de la última dictadura en dos planos: el de la acción psicológica desplegada para legitimar discursivamente el terrorismo estatal y el del asesinato de los obreros gráficos y delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, asesinados poco después de mantener un extenso conflicto con la patronal.
La declaración indagatoria, la segunda que presta el acusado desde la apertura de la causa, se realizó desde cerca de las 9 de la mañana en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal 1. El empresario reiteró cada uno de sus pasos del 24 de abril último, cuando fue indagado por primera vez: llegó al lugar más de dos horas antes, optó por responder las preguntas del juez Coleffi pero no las de los fiscales y se retiró tras unas tres horas de declaración, en un patrullero y en medio de un gran dispositivo de custodia.
En sintonía, sus afirmaciones no variaron. Massot repitió que no estuvo en Bahía Blanca al momento de los hechos que se le imputan y que tampoco formaba parte del grupo directivo de La Nueva Provincia, lo que dejaría como responsables a su madre Diana Julio y su hermano Federico Massot. Ambos están fallecidos.
De ese modo, el empresario no logró rebatir documentos hallados en el curso de la investigación e incorporados a la causa poco después de su declaración de abril. Los más contundentes son los que pertenecen al archivo contable de la empresa, secuestrados en el allanamiento del 8 de ese mes y analizados por la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), que el 25 de abril concluyó que el imputado se desempeñaba “en forma permanente” en el diario en 1976 y que cumplía el rol de editorialista, de los principales en su estructura periodística. Además, en los archivos consta que entre septiembre y noviembre de ese año tuvo “asistencia completa”. Los datos desmienten no sólo su ausencia de la ciudad en 1976 sino también sus afirmaciones respecto a que recién en 1977 comenzó a trabajar en la empresa familiar.
En el caso específico de los obreros gráficos asesinados, a ese corpus se agregan un poder firmado por su madre que certifica que a Massot le fue encomendado en 1975 “todo trato con el personal” en conflicto con la patronal y una decena de actas notariales que avalan que los encuentros con los delegados gremiales no fueron excepcionales, como pretendió explicar el 18 de marzo en una declaración de carácter espontáneo, sino frecuentes.
Durante los casi siete meses que mediaron entre la primera y la segunda indagatoria surgieron además varios testimonios relativos al caso y aportados en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que actualmente se lleva a cabo en la ciudad y encuentra en el banquillo a marinos y prefectos acusados por los crímenes de Heinrich y Loyola. Sus familiares y compañeros de trabajo y militancia gremial no dudaron en vincular sus asesinatos con los reclamos que hacían a la patronal, que supo advertirles en una nota editorial que no se creyeran parte de “una nueva raza invulnerable de por vida”.
Queremos preguntar
Secretarios ambos, Martínez subroga el cargo desde la jubilación de Alcindo Álvarez Canale y Coleffi solía reemplazarlo en aquellas causas en que se ve imposibilitado de intervenir.
Ese fue el caso de la causa que involucra a Massot. Ante el primer pedido de los fiscales para detenerlo y tomarle declaración indagatoria, Martínez entendió que ni el acusado ni la empresa resultaban vinculados con el plan criminal y que sus prácticas en la época se enmarcaban en el ejercicio de la libertad de expresión.
Con ello, desconoció el fallo del Tribunal integrado por un camarista y dos jueces federales que le remitió el expediente para su investigación, en el convencimiento de que el medio había ejecutado una “comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no solo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.
Cuando la Cámara Federal bahiense falló en sentido contrario al suyo, la causa pasó de manos de Martínez a las de Coleffi.
Similar derrotero corrieron otras investigaciones. Conocido previamente por fallar a favor de Alfredo Astiz y del Grupo Clarín, Martínez falló en contra del planteo fiscal relativo a delitos sexuales y propició una fragmentación de las causas vinculadas al terrorismo de Estado, lo que va en desmedro de la economía procesal.
También negó el pedido de detención del ex capellán y capitán del Ejército Aldo Vara, acusado por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios.
Tras la revisión de la Cámara Federal, su relevo Coleffi emitió la orden de captura internacional del sacerdote prófugo, dirigió su búsqueda por el país y sus limítrofes y, tras su detención, procesó por encubrimiento al arzobispo de Bahía Blanca Guillermo Garlatti. Un cimbronazo para la Iglesia del papa argentino Francesco.
Atípico juez de la jurisdicción, por su disposición a investigar el andamiaje civil de la dictadura, Coleffi fue denunciado por Martínez ante el fiscal Antonio Castaño a raíz de la filtración de escuchas telefónicas de la mediática causa de narcotráfico que tiene como acusado a Juan Suris. Por la difusión de los audios y su negativa a revelar sus fuentes ya fue procesado un periodista local, hecho que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró “inconstitucional”.
La denuncia específica contra Coleffi, que según fuentes judiciales no es la primera muestra de hostilidad en su contra dentro del Poder Judicial, se inscribe bajo un tipo de delito “de forma”.
Es decir, no se basa en pruebas que indiquen que haya sido él el funcionario que violó la reserva pero se le imputa que la filtración haya sorteado su cuidado.
Con ese criterio, la denuncia –que demoró ocho meses desde la publicación de la primera escucha- debería extenderse a todos los actores que tuvieron esa responsabilidad de guarda respecto del material: la Policía que lo recopiló, la Fiscalía General que lo estudió y el propio denunciante Martínez, a cargo de la causa que investiga a Suris.
La imputación hacia el único magistrado que osó llevar al banquillo a los rostros históricos del poder civil bahiense quedará en manos de la jueza Ana María Araujo, también subrogante e hija del capitán de navío Ricardo Araujo, acusado por delitos de lesa humanidad bajo la órbita de la Armada.
Coleffi se desayunó de las novedades en la mañana del mismo jueves, a través del informativo de la radio de Massot y minutos antes de tomarle indagatoria para preguntarle por sus contradicciones.
*Por Diego Kenis, Agencia Paco Urondo
