En un petitorio enviado al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y al que tuvo acceso Télam, Fernández aclaró que "el propósito no es el castigo del Dr. Fayt, quien ha demostrado con creces su compromiso con la función judicial, sino la protección del interés y bien público", ya que "la presunción de inasistencias reiteradas del lugar de trabajo no comporta una conducta compatible con el normal desempeño de su función".
En ese sentido, y al recordar que el ministro de la Corte tiene 96 años, citó "la cláusula del Artículo 99 inciso 4° tercer párrafo, incorporada por la reforma constitucional de 1994, para garantizar el objetivo de idoneidad que persigue".
Dicha cláusula sostiene que "un nuevo nombramiento (de un nuevo miembro de la Corte), precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite".
En ese sentido, Fernández solicitó la intervención de la Comisión de Juicio Político a fin de que se "investigue y evalúe la situación" de Fayt "con relación a lo prescripto por el Artículo 99 inciso 4° párrafo tercero de la Constitución Nacional, adoptando las medidas que para su aplicación considere pertinentes".
Además, que se "efectúen las pericias necesarias y los demás medios probatorios fijados por el Reglamento de la Comisión de Juicio Político que resulten necesarios para determinar si el Dr. Fayt posee capacidad psicofísica para cumplir diligentemente con sus tareas jurisdiccionales".
Esto, "tomando en consideración la gran cantidad de causas que ingresan diariamente ante el Máximo Tribunal, última instancia de juzgamiento en el orden nacional, y la relevancia inherente al cargo que ocupa".
El pedido es previo a "la formalización del pedido de juicio político que pudiera surgir del análisis de las consideraciones precedentes y a los efectos de fundamentar su viabilidad".
Cuatro días atrás, el diputado nacional Carlos Raimundi presentó un pedido similar a la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, Adela Segarra, "para que se analice, a través de medidas preliminares, si están dadas todas las condiciones para el pleno ejercicio de las funciones" del juez de la Corte Suprema de Justicia.
En ese entonces distintos medios de comunicación habían informado falsamente -incluso, por una imposibilidad legal- que el diputado había realizado un pedido de juicio político, pero este "es muy delicado, y tiene que tener un análisis institucional: no es una cosa que se pueda plantear livianamente", sostuvo en diálogo con Télam.
