En una presentación de 90 páginas, Afsca planteó que el objetivo de los periodistas de exceptuar a su empleador de la aplicación de "una norma constitucionalmente irreprochable afecta gravemente el interés público y pone en juego las instituciones republicanas de gobierno".
El escrito, presentado por el organismo que preside Martín Sabbatella ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 9 de Pablo Cayssials, desestima además la presentación realizada por los periodistas con el argumento de que hay "falta de legitimación de la parte actora".
"De manera contraria a lo sostenido por los periodistas del grupo mediático que maneja la mayor cantidad de licencias en materia de servicios de comunicación audiovisual, el Máximo Tribunal hizo un especial hincapié en la necesidad democrática de desconcentrar los medios hegemónicos de la Argentina", resaltó la Afsca.
También considera que la presentación "incumple con los requisitos establecidos por la ley de cautelares".
La semana pasada los periodistas Nelson Castro, Eduardo Van der Kooy, Alfredo Leuco, Jorge Lanata, Jorge Fernández Díaz, Julio Blanck, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú interpusieron una acción de amparo a la resolución de la AFSCA que establece el vencimiento del plazo para a la adecuación del multimedios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Patrocinados por los abogados María Angélica Gelli y Ricardo Gil Lavedra, los periodistas consideraron que esa resolución (1121/14) constituye un acto de "censura indirecta" en contra de ellos.
En su presentación, Afsca remarcó que la medida "no vulnera la libertad de expresión, ni las fuentes de trabajo".
"La petición suspensiva de las actoras, en tanto persigue excepcionar a su empleador de la aplicación de una norma constitucionalmente irreprochable, afecta gravemente el interés público, pues pone en juego las instituciones republicanas de gobierno", sostiene la argumentación de Afsca.
Además, el organismo entiende que "continuar exceptuando" al Grupo Clarín del cumplimiento de la ley de medios "provocaría un gravamen al resto de los licenciatarios que cumplen con la norma" y eso "afectaría la sana competencia que, en última instancia, termina lesionando los derechos de los usuarios y consumidores".
