La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia contra el perito Roberto Locles por haber alterado, mediante golpes, la bala que mató a Mariano Ferreyra.
El especialista en criminalística, que actuó como perito de parte de uno de los acusados, fue condenado a un año de prisión en suspenso y tres años de inhabilitación para desempeñar su profesión.
En una resolución unánime pero con distintos argumentos, los cuatro miembros de la Corte, rechazaron el recurso de queja que presentó la defesa del perito y confirmaron la sentencia en su contra.
Los ministros Carlos Fayt, Juan Maqueda y Elena Higthon desestimaron la presentación de los abogados de Locles, Francisco Pagani y Luis Grisolía, argumentando que no se cumplió con la acordada 4/2007, una norma que regula las presentaciones ante la Corte para desestimar la queja. Ricardo Lorenzetti votó en el mismo sentido pero con otro fundamento.
"¿Ven que esto no se deforma?”, gritó Locles, de 76 años, mientras golpeaba un bala, que era una prueba fundamental en la causa por el asesinato de Ferreyra. Ese proyectil había sido extraído del cuerpo del militante del Partido Obrero, baleado por una patota ferroviaria el 20 de octubre de 2010. El episodio ocurrió durante la junta de peritos que se hizo el 22 de febrero de 2011, donde Locles actuaba como perito de parte de Guillermo Uño, uno de los miembros de la Unión Ferroviaria, que terminó absuelto por el crimen.
Sus colegas lo miraron estupefactos. Entre ellos estaba la jueza que instruyó la causa por la muerte de Ferreyra, Wilma López, y quien estaba a cargo de conducir esa junta, Juan Leguiza, inspector de la división Balística de la Policía Federal, que le sacó la bala de las manos a Locles. "Cuando vi cómo lo golpeaba no podía creerlo.
Fue un momento bastante traumático", conto Leguiza durante el juicio. Según el propio Locles, su intención era demostrar que la bala había rebotado contra el piso antes de impactar en la víctima.
Pero los golpes causaron en la prueba “leves aplastamientos en la parte de su ojiva y el cuerpo, más específicamente, donde se hallaban las deformaciones lineales y paralelas que presentaba el proyectil”, según se detalló en el pedido de elevación a juicio contra Locles. La jueza López separó a Locles de la causa que derivaría en la condena del titular de Unión Ferroviaria, José Pedraza.
El juicio al que fue sometido el perito terminó en septiembre de 2013, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°16 lo condenó como “autor material penalmente responsable del delito de alteración de un objeto destinado a servir de prueba”.
Los jueces Gustavo González Ferrari, María Cristina Bértola e Inés Cantisani lo condenaron a un año de prisión en suspenso y lo inhabilitaron por tres años para desempeñar su profesión de perito.
Esa condena fue confirmada en febrero de este año por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Luis María Cabral y Juan Carlos Gemignani. La sentencia fue apelada y llegó al Máximo Tribunal que, en una sentencia firmada el martes pasado, selló la suerte del perito.
