Según plantea la demanda, esas escuchas fueron autorizadas “mediante el engaño a las autoridades de la Secretaría y del poder judicial”.
La denuncia, que fue presentada el viernes pasado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 9, lleva la firma de Parrilli y del subsecretario de Inteligencia Juan Martín Mena, surgió de las investigaciones ordenadas tras el cambio de autoridades de la ex SIDE durante el mes de diciembre de 2014, cambios que además implicaron el desplazamiento del ex director de Operaciones Judiciales.
Una de las lineas de investigación desarrolladas por la nueva gestión fue el análisis de la tareas de inteligencia desarrolladas por Stiuso que, en octubre de 2011, solicitó y consiguió autorización judicial para la intervención de los teléfonos y correos electrónicos vinculados a la empresa Dark Star Security, la cual supuestamente realizaba “tareas de espionaje y contraespionaje en territorio argentino, en beneficio de una potencia extranjera”.
En función de este argumento, Stiuso consiguió la autorización para intervenir las comunicaciones, solicitud que renovó media docena de veces y que implicó la interceptaeción de 20 líneas telefónicas.
Sin embargo, la investigación ordenada por Parrilli expuso que luego de tres años de intervenciones telefónicas y miles de horas de escuchas, los informes “no arrojaban ningún resultado sobre la materia de investigación”.
La presentación judicial afirma que “se evidencia que la ex dirección de Operaciones, subvirtiendo las prerrogativas contenidas en la Ley Nacional de Inteligencia, llevó adelante tareas propias de su especialidad por razones que no guardan relación alguna con los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad interior, sino que constituyen un ardid destinado a investigar diversas personas físicas y jurídicas con fines particulares”.
Los resultados de las pesquisas oficiales muestra que la actuación de Antonio Stiuso “se basó en una clara edición y manipulación, mediante informes sesgados, de los producidos de las escuchas teléfonicas obtenidas mediante el engaño a las entonces autoridades de la SI y al poder judicial a fin de lograr espurios intereses personales o particulares que deberán ser investigados”.
Por esta razón, las autoridades a cargo del máximo organismo nacional de Inteligencia procedieron a denunciar al ex funcionario, “y a quienes resulten coautores o partícipes”, por los delitos de violación de los deberes de funcionario público e interceptación indebida de comunicaciones telefónicas, delitos penados en el artículo 248 del Código Penal y en el artículo 42 de la Ley de Inteligencia.
