Un total de siete policías fueron llamados a juicio por su presunta participación en el delito de paralización de servicios públicos en la provincia amazónica de Orelllana, durante el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010, informó la Fiscalía.
En abril los uniformados fueron sobreseídos provisionalmente pero el Ministerio Público apeló la decisión de la Corte Provincial de Orellana por considerar que no fueron tomados en cuenta los elementos de convicción recopilados durante la etapa de instrucción fiscal.
Durante la audiencia de apelación, el fiscal Wellington Márquez se abstuvo de acusar a uno de los procesados por no encontrar suficientes elementos en su contra y finalmente no fue llamado a juicio.
La Fiscalía acusó a los procesados por supuestamente haber incendiado neumáticos frente al Comando de Policía en la ciudad de Francisco de Orellana (Coca), obstaculizando el tránsito y el acceso a la ciudad, según informó la Fiscalía en un comunicado.
Experticias de audio y video, reconocimientos de los participantes realizados a través de los videos registrados por los canales de televisión locales, fueron los elementos de convicción presentados en la diligencia.
El 30 de septiembre de 2010, un grupo de policías se sublevó inicialmente reclamando mejoras en temas laborales, pero después las protestas derivaron en acciones violentas que pusieron en riesgo la vida del presidente Rafael Correa. El mandatario fue retenido en un hospital policial y fue necesaria la intervención del Ejército para rescatar al jefe de Estado.
Los hechos dejaron un saldo de 10 personas fallecidas y al menos 300 heridas entre civiles, policías y militares
