El Ministerio Público solicitaba 15 años de cárcel para Díaz Ferrán, al que acusaba de delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal; ocho años y nueve meses para Gerardo Díaz de Santamaría, hijo de Díaz Ferrán; y ocho años para Ángel De Cabo, calificado como "liquidador" de empresas, publicó la agencia Europa Press.
La quiebra del Grupo Marsans, en su momento uno de los más importantes del sector turístico en España, dejó en 2010 más de 4.700 afectados y una deuda acumulada de más de U$S 550 millones.
El fiscal Daniel Campos también acusaba al número dos de De Cabo, Iván Losada, que se enfrenta a una petición fiscal de 4 años y tres meses de cárcel, y a otras siete personas a las que imputa los delitos de alzamiento de bienes y concurso fraudulento. La Fiscalía pedía fianzas por importe de más de 1.100 millones en concepto de responsabilidad civil.
Por el vaciamiento de Marsans, Díaz Ferrán permanece en prisión preventiva desde 2012. En 2013 fue condenado a dos años y medio de cárcel por defraudar 99,04 millones de euros en impuestos al fisco español, por la compra de Aerolíneas Argentinas.
En aquel juicio se juzgaba sólo una evasión fiscal, aunque los abogados de la compañía argentina –que no eran parte- habían detectado indicios de apropiación indebida, entre otros.
En 2001, Díaz Ferrán y su ex socio Gonzalo Pascual -fallecido en 2008- compraron Aerolíneas Argentinas (Arsa) a la Sepi por un valor simbólico de 1 dólar; y siete años más tarde, cuando la compañía perdía un millón de dólares al día, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la reestatizó.
Por su parte, la Sepi se había hecho con el 99,2% de las acciones de Interinvest, titular de Aerolíneas y Austral, que afrontaba enormes pérdida tras la gestión de la compañía por parte del consorcio Iberia, que a su vez había comprado la aerolínea de bandera argentina en 1990.
En la operación de venta de Interinvest, la Sepi se hizo cargo del pasivo de la compañía por 300 millones de dólares y aportó otros fondos a un plan industrial, en una compleja operación que incluyó la compra de créditos de los proveedores de Aerolíneas por parte de Air Comet (del Grupo Marsans), que a su vez se comprometió a destinarlos a la ampliación del capital de la aerolínea de bandera argentina.
De las exposiciones de peritos y abogados se deduce que existió (o no) delito fiscal en función de si el dinero que Sepi entregó a Interinvest y Air Comet usó para comprar los créditos, Air Comet lo recibió como donación o como un préstamo de Interinvest.
La defensa argumentó que fue un préstamo y que en todo caso si hubiese sido una donación se trató de una "donación condicionada", puesto que los fondos estaban sujetos al compromiso que Air Comet los aportara a la capitalización de Aerolíneas Argentinas.
En definitiva, el argumento jurídico fue entonces que si los fondos estaban condicionados no era una donación. Nicolás González Cuella, abogado de Díaz Ferrán argumentó que si la operación no tenía trascendencia fiscal en 2002, cuando se declaró, tampoco la tenía en 2001, como asegura la acusación.
El letrado sostuvo que Díaz Ferrán y Pascual compraron Aerolíneas cuando era un "pozo sin fondo", y costaba al Estado español entre 40 y 42 millones de euros mensuales, y lograron reflotarla, con beneficios hasta que fue expropiada por el gobierno argentino, y esa expropiación, dijo, supuso la ruina del grupo Marsans.
