Se trata de el ex decano de la FCE José Luis Giusti, el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) porteña y ministro de Hacienda de esa facultad, Emiliano Yacobitti, y el ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de esa casa de estudios, Gastón Ricardo, a quienes les cabrían las figuras delictivas de malversación de fondos públicos, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, aunque podría configurarse también lavado de activos en el país y en el extranjero.
La investigación que lleva adelante Casanello se abrió a partir de una denuncia que hizo en octubre del año pasado la jefa de Lousteau, la precandidata a presidenta por el Frente Cambiemos, Elisa Carrió, para determinar la existencia de fraude en el manejo de subsidios por producción de bienes de capital que recibieron Yacobitti y Giusti de manos de Ricardo, quien hasta el año pasado actuaba como gestor allegado al Ministerio de Industria, a través de su hermano Dante Fabián, a su vez asesor del subsecretario de Coordinación de esa cartera, Marcos Coy; pero que tras conocerse las irregularidades fue automáticamente apartado de su cargo.
Empresas como Medipack, Grupo Salud e Inmu Ideas, entre otras, figuran en la denuncia presentada por Carrió, que salpica a los asesores de Lousteau, y son las que aparecen también en la investigación realizada recientemente por el periodista Alejandro Bercovich.
Los tres, impulsores de la candidatura de Lousteau, fueron denunciados a través de un informe difundido por el canal C5N, que mostró que Yacobitti y Ricardo están al frente del laboratorio Medipack, prestador del Hospital de Clínicas dependiente de la UBA, y le cobran sobreprecios que llegan a ser hasta diez veces mayores al real.
Los tres también conforman la empresa Inmu Ideas, controlante de albergues estudiantiles, sociedad constatada en los registros de contabilidad pública; y a su vez, Yacobitti y Ricardo, integran el Grupo Salud.
De acuerdo al informe, los fondos que destinan los directivos de la UBA a comprarse medicamentos en sus propias droguerías, son los que le faltan al Clínicas para funcionar con niveles elementales de dignidad.
Lo mismo sucede con el Instituto Angel Roffo, dependiente de la UBA, pero la dirección de la Universidad niega que haya problemas ni faltantes, tanto en este establecimiento como en el Clínicas.
Giusti abandonó el decanato de Económicas hace dos meses, luego de que su ex esposa lo denunciase por violencia de género, lesiones y presunto enriquecimiento ilícito.
Desde octubre del año pasado, su ex esposa viene reclamando a la Justicia, la mitad de de los bienes de la sociedad conyugal y el pase de la cuota alimentaria para sus dos hijos.
El ex decano se negó a dar cuenta de su patrimonio ante la justicia porque es muy difícil de explicar el sueldo de docente.
Es que, ni aún sumando todos los cargos que pudiera ocupar en la UBA, le alcanzaría para comprar una mansión como la que tiene en el Club de Golf “Estancias del Pilar”, tasada en U$S 700 mil; ni un departamento ubicado en Arenales y Suipacha, de la ciudad de Buenos Aires, valuado en U$S 1 millón; ni otra unidad en la calle Agüero, frente a la Biblioteca Nacional.
El nivel de vida de Yacobitti tampoco es el acorde al de un docente universitario: vive en Callao al 1600, en el barrio porteño de Recoleta; y según declaró su ex esposa ante escribano público, mantiene inversiones inmobiliarias en el balneario top uruguayo de Punta del Este, en albergues estudiantiles, y otros negocios.
Otro implicado es el ex administrador del Hospital Leopoldo Bordoli Douglas, quien abandonó su cargo al tiempo que lo hizo Giusti, y es señalado como el responsable que tomaba las decisiones de compra que beneficiaban a las empresas del ex decano, de Yacobitti y de Ricardo.
