El hombre que hoy está siendo juzgado por el encubrimiento del atentado contra la AMIA; el que recordó hace apenas unos días que durante su gobierno asesinaron a su propio hijo, el mismo que remató a precio vil el patrimonio estatal es el responsable final, el verdugo, de nuestras empresas estatales que en muchos casos son sinónimo de soberanía.
Sin embargo no es el único responsable.
El festival privatizador de los noventa fue el corolario de décadas de sabotaje por parte de los gobiernos de turno, en muchos casos en lamentable maridaje con gremialistas y trabajadores a estas empresas.
Fue el enunciado final a una ideología que no era nueva (la habíamos sufrido un siglo antes en Argentina) pero que de la mano de una campaña sabiamente orquestada por los medios (¿Cuándo no?) Se encargó de explicarnos que “las empresas estatales no servían para nada porque los políticos son corruptos y los trabajadores vagos” y en muchos casos esa idea aún sigue instalada en el imaginario de las personas.
Sobre lo que pocos se ocupan en reflexionar es sobre el balance necesario de esas privatizaciones.
Podríamos referirnos a la brutal transferencia de divisas que esas privatizaciones generaron, con los giros de inmensas remesas de cientos de millones de dólares mensuales a sus países de origen; o al salvaje aumento de tarifas, siempre superior al mil por ciento que padecimos cuando se privatizaron (¿no lo recuerdan?) Pero en este caso en particular vamos a referirnos a otra cuestión, la capacidad.
Es que más allá del brutal afano que significaron las privatizaciones y del descalabro que generó en nuestro sistema económico el drenaje de dólares al exterior, datos todos más que evidentes y sencillamente comprobables subsiste una realidad también incontrastable: la ineficiencia empresarial.
Es que producto de la saña voraz por generar utilidades descomunales a corto plazo con la menor inversión de capital posible, y si se puede evitar invertir mejor, el servicio que brindan las empresas privadas, no solo no han mejorado el nivel de prestación de las viejas y saboteadas estatales, sino que lo han empeorado.
El paso de los años ha dejado en claro que, si bien la administración por parte del Estado no es la solución mágica, cuando menos responde a intereses menos inhumanos que los capitales transnacionales.
En ese marco EDESUR y EDENOR han logrado sobrevivir, aún brindando un servicio lamentable, como prestatarias.
Hace unos años era el calor, lo que generaba el incendio de transformadores obsoletos; ahora parece ser el frío, que es de imaginar les congela alguna cosa, lo cierto es que en vez de trabajar para que pueda haber más consumo y mejor servicio, las concesionarias buscan pretextos para justificar lo injustificable.
Falta de cuadrillas suficientes para arreglar desperfectos domiciliarios, lo que se evidencia cuando alguna tormenta derriba postes o corta cables; falta de renovación de materiales, lo que es claro a la hora de sufrir alguna sobrecarga del servicio, ya sea por exceso de calor, o de frío o de cualquier otro motivo, y la falta expansión del tendido de cables.
Más allá de la tarea del gobierno, que ha multiplicado la capacidad de generación de energía, la pésima condición de las distribuidoras minoristas generan una y otra vez un cuello de botella que redunda en malos humores por parte del ciudadano de a pie, harto de cortes a toda hora y bajo cualquier excusa, cuando la hay.
Todo esto, lo expresado y lo tácito hace imprescindible estatizar el servicio de distribución de energía eléctrica domiciliaria para pagar una deuda que la democracia aún tiene con los argentinos.
