Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de esa ciudad remarcaron que se trata de “una clara y flagrante violación a los derechos humanos”. Y que los delitos son imprescriptibles.
Cinco hombres que siendo jóvenes combatieron en la Isla Gran Malvina denunciaron que sus superiores los estaquearon sobre el barro y la nieve, con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, en algunos casos.
En otros, les vaciaron el cargador de un arma o los enterraron hasta el cuello para castigarlos por carnear una oveja para comer. En el juzgado Federal N° 2 de Resistencia, en Chaco, contaron que, finalizada la guerra, personal militar de Inteligencia les hizo firmar un documento que les impedía hablar de lo que habían vivido en las islas.
Los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de Resistencia remarcaron que se trata de “una clara y flagrante violación a los derechos humanos” y, por lo tanto, como delitos “imprescriptibles”.
En el mismo dictamen, los fiscales y el fiscal coordinador de distrito en la provincia, plantearon que por una cuestión de soberanía que incluye a Malvinas como parte del territorio nacional y de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, la investigación se debe acumular con la que, desde 2008, tramita en el juzgado Federal de Río Grande.
En ese juzgado se investigan más de 90 casos de torturas a hombres que durante su juventud fueron llevados a combatir en Malvinas, donde fueron estaqueados, abandonados en el frío y pasaron hambre, por decisión y orden de sus superiores.
Los fiscales Carlos Amad, Diego Vigay y Patricio Sabadini, y el fiscal de distrito, Federico Carniel, citaron los fundamentos que el procurador interino Luis González Warcalde, dio en 2012, cuando se expidió en la causa por hechos similares, que ahora se instruye en el juzgado de Tierra del Fuego.
Remarcó el entonces procurador que "lo particular del caso reside en que ese desamparo (frente al Estado) no es el propio de quien es una víctima directa del ataque sistemático contra la población civil, sino el de quien es brutalmente manipulado [es decir, los conscriptos] por el gobierno responsable por ese ataque para mejorar la situación política en la que ese ataque lo ha dejado”.
Hambre, frío y castigos
En marzo de 1981 José Sánchez estaba de licencia en su pueblo, Colonias Unidas en Chaco, cuando lo sorprendió la recuperación de las Islas Malvinas. De urgencia lo mandaron a llamar y tuvo que ir al regimiento en Paso de los Libres, en Corrientes, para alistarse.
A los diez días, como los otros cuatro hombres que declararon en el juzgado de Resistencia, empezó su viaje a las islas. Primero los llevaron en tren hasta Paraná, después en avión y en barco hasta la Isla Gran Malvina, en lo que durante el conflicto se conoció como Puerto Yapeyú (Puerto Howard).
En la isla, el jefe de Compañía, el teniente primero Jorge Reynaldo Lugo Oliver, que dependía del jefe de Regimiento, el coronel Juan Ramón Mabragaña, lo envió junto a otros 150 soldados a un cerro, a 3 kilómetros de Puerto Yapeyú.
Cuando declaró, José recordó que en la isla perdió 17 kilos por la mala alimentación que incluía, cuando había, alimentos vencidos. Contó que entonces conoció a un isleño, Ian Coos, que para ayudarlos les dio comida.
Cuando sus superiores -el sargento Luis Manzur y Ramón Linares- se enteraron lo acusaron de robar. Lo obligaron entonces a hacer “raneo” en el barro, con 20 grados bajo cero, y después lo estaquearon en un calabozo de campaña durante 13 horas.
En ese momento se produjo un bombardeo y a punto de fusil lo obligaron a combatir. En junio de 1982, cuando se declaró el cese al fuego, lo trasladaron hasta Campo de Mayo. Allí lo hicieron firmar el documento que le impedía contar lo sucedido.
José Yanevich también firmó el documento que le impedía hablar con su familia o con periodistas de lo que vivió durante la guerra. Como su tocayo, también estuvo bajo las órdenes de Mabragaña. Estaba en la primera línea de fuego del puerto y con otros compañeros mataron a una oveja para comer.
Sus jefes más directos –el subteniente Emilio Samuyn Duco (h) y el subteniente Mario Benjamín Menéndez (h)-lo denunciaron. Estuvo 48 horas estaqueado. Tenía las manos y las piernas inmovilizadas cuando una bomba estalló y lo dejó ciego. Primero temporalmente, y después, absolutamente.
Como él, Carlos Rodas también carneó una oveja para comer. Cuando lo descubrieron, el cabo Oscar Albarracín lo enterró en un pozo “hasta el cuello” por más de diez horas. Como los otros soldados, Rodas estaba bajo las órdenes de Mabragaña y, en su caso, también del jefe de la compañía Eduardo Gassino y el mayor Miguel Garde.
Amenazas de fusilamiento
En la Isla Gran Malvina, Daniel Chávez se ocupaba de mantener comunicado al jefe de Sección, el subteniente Marcos Quintana. Cuando Quintana estuvo unos días internado, quedó bajos las órdenes del sargento Juan Carlos Ceballos, que lo obligó a hacer una guardia de más de seis horas, de noche y con temperaturas bajo cero. Otra vez, el subteniente Menéndez “le vació el cargador sin motivo alguno”, cuando cumpliendo una orden de Quintana le fue a pedir una pistola lanza señales.
En la guerra, Oscar Torres vio a sus superiores disparar contra su propia tropa. Puntualmente, vio cuando el subteniente Jorge Taranto disparó “seis o siete tiros” a las piernas a un soldado Mártires González para que se levante. Lo acusaba de intentar –junto a un soldado fallecido Rosendo Prado- de “robar una caja de cigarrillos parisienes, un queso en barra y una barra de dulce de membrillo” y amenazó con ejecutarlos.
Taranto es uno de los jefes de la guerra que es investigado por torturas en el juzgado de Río Grande. En esa causa, recientemente la Corte Suprema rechazó un recurso -por cuestiones de plazos procesales- y confirmó una sentencia de Casación Penal que considera prescripto a estos delitos. Esto hizo que los ex combatientes nucleados en el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata a recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A la luz de estos testimonios, los fiscales federales de Chaco, si bien plantearon una cuestión de competencia que deberá resolver la jueza de Resistencia, Zunilda Niremperger, también se explayaron sobre la imposibilidad de considerar prescriptos estos delitos. Tras escuchar los testimonios consideraron que estaban frente a delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto bélico.
“No hay dudas, deben ser caracterizados como crímenes contra la humanidad, de graves violaciones de derechos humanos, especialmente torturas, como así también abandono de personas o reducción a la servidumbre; cometidas por miembros de las fuerzas armadas, que fueron, si no fomentadas, al menos toleradas y ocultadas por las autoridades del gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas”, señalaron en el dictamen.
A la vez que se pusieron a disposición del juzgado de Río Grande, ya sea “vía exhorto o por video conferencia”, para colaborar con la toma de testimonios, ya que muchos ex conscriptos viven en esa provincia.
