El silencio, las máquinas apagadas y las caras de preocupación son el signo inequívoco de que La Litoraleña dejó de producir. Es sábado y en el comedor de la fábrica hay un grupo de trabajadores sentados en ronda, en el barrio porteño de Chacarita.
No tienen puesta la ropa de trabajo porque están cuidando las máquinas para que nadie intente llevárselas. Hace cuatro meses que los 115 empleados no cobran el sueldo y decidieron quedarse de guardia en el lugar porque el viernes despidieron a 29 de sus compañeros. Esa fue la respuesta que dio el dueño de la planta ante el reclamo para cobrar los salarios adeudados.
En La Litoraleña se producen tapas de empanadas y tartas desde hace 45 años pero los conflictos comenzaron hace unos meses: Rodolfo Conti, el dueño de la empresa, empezó a retrasarse con el pago de los sueldos. Pagaba de a mil pesos, primero, y después de a 500 y hasta 200. Y en agosto pidió la apertura del concurso de acreedores.
Desde hace 60 días los trabajadores decidieron empezar con medidas de fuerza, aunque siguieron produciendo, con la promesa -después incumplida- de que si lo hacían les iban a pagar. Pero el martes dejaron de trabajar porque no les pagaron y el viernes llegaron a la fábrica y se enteraron de que 29 de ellos habían recibido el telegrama de despido.
“Están vaciando la empresa. Primero empezamos a tener problemas porque faltaban insumos para producir. Después dejaron de pagarnos y ahora quieren despedir a compañeros. Acá somos 115 familias que queremos trabajar y que estamos dispuestos a constituirnos en cooperativa para sostener nuestra fuente laboral”, explica el delegado Luis Baini, que hace 18 años que es empleado allí.
Los trabajadores denunciaron esta situación en una conferencia de prensa se realizada esta mañana en la fábrica, en Girardot 345. Allí estuvieron acompañados por los legisladores porteños José Campagnoli (Nuevo Encuentro-FPV) y Fernando Muñóz (FPV), y delegados de otras empresas recuperadas y representantes de organizaciones sindicales y sociales.
El pasivo
Conti pidió la apertura de concurso de acreedores y denunció un pasivo de 84 millones de pesos, repartidos en deudas a la AFIP (alrededor de 17 millones), a los aportes y contribuciones a la seguridad social (8 millones), a un banco (2,5 millones) y a distintas financieras, entre otras.
En este comedor, un grupo de 15 personas cuenta en primera persona los inconvenientes que le generó esa deuda de aportes, mientras almuerzan hamburguesas. Rodrigo Barbuto hace 11 años que es empleado de la fábrica y se encontró con la noticia de que Conti no le estaba pagando la obra social cuando quiso ver a un médico, pero no pudo atenderse. “Vos no tenés la cuota al día”, le dijeron.
Él y Pablo Díaz, así como otros compañeros, fueron protagonistas de escenas similares. La empresa había firmado un convenio con una mutual de consumo y crédito, a través del cual los empleados podían tomar créditos que después les eran debitados por la empresa de sus salarios y transferidos a la mutual. La Litoraleña les hacía el descuento en sus recibos, pero no depositaba el dinero.
Mientras camina por el primer piso del edificio y cuenta qué función cumplía cada una de las máquinas, y el proceso de producción, Díaz se indigna: “A mí la mutual me venía a cobrar la plata que debía y no entendían que la empresa ya me había cobrado eso. Me llegaron a pedir que vendiera mis cosas para pagarles. Mientras tanto, además, yo no llevaba plata a mi casa”.
Sin indemnizaciones
Desde el martes y con el asesoramiento de FACTA-CNCT (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados-Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo) los trabajadores empezaron a pensar en constituirse como cooperativa, en el marco de lo que establece la Ley de Quiebras.
Ese día tuvieron una reunión con la empresa. Conti les explicó que estaban en situación de crisis y los instó a que trabajaran igual. Los empleados le pidieron el pago de un mes y le hicieron una propuesta de pago por el resto de la deuda. El dueño nunca contestó: se comunicó con ellos cuando despidió a 29 compañeros.
“Conti argumenta como causa el bloqueo de la empresa, pero eso es mentira. Los trabajadores ejercen su derecho a defenderse. Es claro el vaciamiento que intenta llevar a cabo”, expresó Ataliva Dinani, abogado de los trabajadores.
Y amplió: “Además del operativo desgaste que inició con la demora en los pagos de los sueldos, del robo del dinero que debía ir para la mutual, y de la presentación del concurso para ganar tiempo, ahora despide a 29 personas. Y no despide a cualquiera, sino que en ese grupo la mayoría son trabajadores con una antigüedad de 30 años en la empresa. Es decir, los que implican más costos en cuanto a salarios. Por si fuera poco argumenta que es por una justa causa, para evitar pagar las indemnizaciones”.
