"¡Eso es un golpe!", ha exclamado este viernes José Eduardo Cardozo, levantando un tumulto en el hemiciclo que confirmará el próximo domingo la existencia o no de razones para abrir un juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Cardozo ha advertido de que la salida del poder de la presidenta —acusada por la oposición de manipular las cuentas públicas— sería una "ruptura institucional", puesto que a su parecer carece de la base legal.
Nos enfrentamos a una ofensiva imperial y fascista en todo el continente, que se manifiesta desde formas sutiles, hasta acciones directas en contra de gobiernos y líderes políticos y populares, guerra económica, procesos políticos y judiciales amañados, guerra mediática manipulando la opinión pública, incluyendo persecución y asesinatos para sembrar el miedo e intentar silenciar las voces de nuestros pueblos", declara la Articulación Continental de Movimientos Sociales de Brasil.
Para el abogado general brasileño, la discusión sobre el impeachment de la mandataria de Brasil se debe a una "venganza" del presidente de la Cámara, Eduardo Cuncha, y eso por la falta del apoyo gubernamental en el momento en el que se enfrentó al proceso que le abrió la Comisión de Ética de la Cámara por presunta corrupción.
A este apoyo del abogado brasileño se suma el de los activistas y organizaciones sociales, quienes se manifestarán este mismo viernes para expresar su respaldo a Rousseff frente a las embajadas de Brasil en diferentes ciudades del mundo.
Según los activistas, el juicio político a la dignataria brasileña se define mejor como “un plan orquestado por la derecha” que rompería “el orden democrático y constitucional de Brasil”.
No obstante, la mayoría de los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha ratificado este mismo viernes la votación a favor del juicio político contra Rousseff.
