El debate se realizó en el salón Boyacá del Congreso de la República con la presencia de más de 30 organizaciones sociales y comunitarias, que exigieron al Gobierno colombiano la protección ante las diferentes amenazas de muertes que reciben sus integrantes por parte de paramilitares.
Los activistas denunciaron la situación por la que atraviesan varias regiones, por ejemplo el departamento de Sucre, donde se ha reportado la presencia en los últimos años de varios grupos como las AGC, los Rastrojos y las Águilas Negras.
Los grupos irregulares han sido denunciados por su responsabilidad en los siguientes hechos, según los voceros sociales, del asesinato de Alex Miguel Arrieta en 2008, la quema de diez ranchos en 2011, el asesinato en marzo de 2011 de Éder Verbel Rocha, miembro de Movice Sucre, y el atentado que casi le cuesta la vida al líder Andrés Narváez el 12 de junio de 2014.
Además, recordaron que a principio de abril el presidente de la asociación de campesinos y campesinas, Argemiro Lara, líder defensor de derechos humanos y de restitución de tierras, recibió en su celular amenazas a través de mensajes de texto firmados por las Águilas Negras.
El senador colombiano Iván Cepeda aseguró que “estamos ante un tenebroso fenómeno que ha evolucionado en el tiempo: el paramilitarismo”, además, dijo que “es insostenible que el gobierno siga sin reconocer la presencia de estos”.
“La nueva campaña antirrestitución de tierras se inscribe en una estrategia general, de intereses económicos protegidos por los paramilitares”, indicó Cepeda e instó a investigar estrategias contra la restitución que se vislumbra en el norte del país.
Otras voces
El padre Javier Giraldo advirtió este viernes que más de la mitad de mil 889 violaciones a los derechos humanos registradas en Colombia el año pasado fueron cometidas por “paras” lo que evidencia que el paramilitarismo, contrario a lo que se afirma, sigue vivo en el país.
El padre Giraldo, en entrevista a la revista Semana, expuso las conclusiones del informe anual sobre derechos humanos elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Populares (Cinep).
El Cinep, en su Informe General de 2015, vuelve a señalar: “…la violencia derivada de la falta de una desarticulación efectiva y completa de las estructuras armadas de grupos paramilitares, continúa impactando severamente los derechos de las y los habitantes de Colombia”, cuando el Estado colombiano sigue manifestando haber desmontado a los grupos paramilitares.
El clérigo aseguró que en este momento el paramilitarimo es un problema muy serio para las negociaciones de paz que se vienen desarrollando con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) en La Habana, Cuba, porque el Gobierno se ha dedicado a decir que eso ya no existe y que los paramilitares se desmovilizaron.
El Consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Arias, advirtió recientemente que el fortalecimiento del paramilitarismo en varias regiones constituye una amenaza para la tranquilidad de las comunidades y la construcción de la paz del país.
Por su parte, las FARC-EP esperan cerrar en el actual ciclo de negociaciones de paz un acuerdo sobre garantías de seguridad y desmonte del paramilitarismo.
