Finalmente, el juicio a tres ex miembros de la Fuerza Aérea por el secuestro de una pareja en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) -el organismo de espionaje de esa fuerza en la zona oeste del conurbano que además fue sede de un centro clandestino de detención-, comenzará el lunes 2 de mayo a las 10:00.
Así, lo estableció el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín, luego de la suspensión que había dispuesto en base a que había recursos de las defensas pendientes de resolución por parte de la Cámara Federal de Casación Penal.
Como el máximo tribunal penal declaró inadmisibles los planteos de los abogados de los entonces jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Omar Domingo Rubens Graffigna, y el ex jefe de la RIBA, Luis Tomás Trillo, ahora el tribunal fijó fecha de inicio para el debate oral y público, en el que también será juzgado el ex civil de inteligencia Francisco Gómez.
Cuando los magistrados suspendieron el comienzo del juicio -previsto originalmente para miércoles de la semana pasada-, el fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos, Martín Niklison, y las querellas por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Tarlovsky de Roisinblit y Guillermo Pérez Roisinblit, recurrieron la decisión; esas presentaciones ahora fueron declaradas abstractas.
Los hechos juzgados
El juicio abordará la causa por el secuestro en la RIBA de Patricia Julia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo, quienes -de acuerdo con las pruebas colectadas en la instrucción- estuvieron en cautiverio y fueron torturados en ese lugar entre octubre y noviembre de 1978. Ambos se encuentran desaparecidos y se sabe que Patricia también estuvo secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Sobre el civil Gómez recayó una condena en 2005 por la apropiación del hijo de Roisinblit y Rojo. La causa es parte de la que el año pasado llegó a sentencia con ocho condenados por los crímenes en la subzona militar 16.
Sobre la suspensión
Para revertir la suspensión dispuesta por el tribunal días atrás, el representante del Ministerio Público Fiscal Martín Niklison había interpuesto un recurso de casación, en el que denunció que los jueces se hicieron eco de maniobras dilatorias de la defensa. En ese sentido, había advertido que, con la medida, "el tribunal abre de par en par una puerta que lleva a una doctrina sumamente amplia que habilitaría a los imputados en juicios de lesa humanidad a realizar planteos dilatorios poco antes de la fecha de inicio del juicio para poder así paralizar su realización".
"Será suficiente -remarcaba por entonces el fiscal- con que uno u otro alternativamente vayan realizando presentaciones que pese a sus rechazos, les allanarán la vía casatoria y luego la extraordinaria. De este modo, lograrán ganar tiempo para pasar el resto de sus vidas sin ser juzgados por los delitos que cometieron durante el terrorismo de Estado en nuestro país y evitar ser sometidos a juicio".
