"La normativa esta muy lejos de cumplirse, las familias con chicos en situación de vulnerabilidad son atendidas en sedes administrativas y allí no se contempla el interés superior del niño que requiere una visión más integral de la problemática", dijo a Télam Irene Konterllnik, especialista en niñez.
La socióloga y ex coordinadora del área de derechos de Unicef, precisó que por lo general "lla problemática se la soluciona dándole una chapa para la vivienda y no toman en cuenta la situación del padre que hace changas para poder subsistir".
La Convención Internacional de los Derechos del Niño sancionada en 1990 puso fin a más de 80 años de vigencia de leyes en la que los niños no eran escuchados y eran tutelados por su padres o por la justicia en caso de que entren en conflicto judicial.
La Argentina la incorporó en la Constitución reformada de 1994 pero debieron pasar once años, hasta el 2005, cuando se sancionó la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que puso punto final a la vieja ley de Patronato de Menores, vigente desde principios del siglo pasado.
Konterllnik, autora del libro "Infancias, transitando nuevos caminos", manifestó que existe todavía "una cuestión cultural, casi como una sacralidad en los organismos públicos en el tratamiento de este tipo de problemáticas, y más cuando avanzamos en distintas provincias".
"Hay 24 realidades diferentes en cuanto a la aplicación de la ley, cada provincia tiene su propia idiosincracia, es preciso una mayor articulación entre los estamento nacional, provincial y municipal para que se enfoque esta problemática desde una visión más integral".
Konterllnik destacó que los organismos administrativos sucumben a veces en el pánico ante una situación de violencia intrafamiliar y "como una forma de prevenir desenlaces trágicos" reaccionan dando una orden de que en lo sucesivo "ante cualquier denuncias por violencia se interne a los chicos".
"Es necesario implementar un sistema de protección integral de los niños que contemple las realidades locales, de cada municipio y que eso se articule a nivel provincial con al capacitación correspondiente para el personal de las áreas sociales", refirió Konterllnik
La no discriminación, principio por el cual todos los niños deben ser tratados de la misma manera sin distinción de raza, religión o nacionalidad y el interés superior del niño que adquiere un nuevo significado en oposición a intervención arbitrarias por parte del Estado, son dos de los principios básicos que establece la Ley de Protección a la Niñez.
También el derecho intrínseco a la vida y a su desarrollo y el derecho a expresar su opinión para que se lo tenga en cuenta en cuanto a los asuntos que lo conciernen en función de su edad y madurez, configuran los otros dos cuestiones que señala la normativa que existe desde hace once años.
Sebastian Waingrais, especialista de Unicef, planteó la necesidad de llevar adelante acuerdos en el marco de una dimensión intersectorial".
"La Ley planteó muchos hechos positivos con la creación de varios organismos y programas que se desprendieron a partir de ella aunque todavía están pendientes muchos desafíos como ser la articulación provincia-municipios - y la protección en la Justicia ya que en muchas áreas no se ha internalizado la ley y se responde todavía a un modelo tutelar", dijo el coordinador de Unicef
"En las áreas sociales de los municipios , entre el 50 y el 70% de los casos que legan son por situaciones de violencia que involucran niños, por eso es importante allí como se los protege, como se trabaja con las familias ya que terminan siendo focalizados y es necesario un enfoque más integral", refirió Waisgrais.
El coordinador de Unicef destacó que la Justicia "todavía no hizo el proceso de cambio para buscar mecanismos alternativos a la institucionalización que es la peor de las opciones ara el chico" y aseguró que hay en la Argentina "entre 10.000 y 14.000 chicos internados en hogares y fundaciones con niveles de monitoreo muy distintos que no logran reinsertarse a través de familias sustitutas".
Refirió además en este sentido la necesidad de contar con "una ley penal juvenil que vaya más allá del debate mediático sobre la edad ya que un chico judicializado hoy tiene menos garantías que un adulto".
