Desde la “Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir”, en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, exigieron que se responsabilice a los médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que atendieron a Belén en el Hospital Avellaneda. Redactaron un documento en el cual expresan su preocupación y dan cuenta del peligro que representan los profesionales de dicho hospital como funcionarios públicos y responsables de la salud y el bienestar de la población.
Por esta razón solicitan al presidente del Sistema Provincial de Salud que se realice “un sumario administrativo para determinar las responsabilidades médico legales de todos los profesionales del arte de curar que firmaran la historia clínica y de todos aquellos quienes la atendieran estando internada en la Guardia Mayor, en especial por la violación del secreto profesional, la violencia institucional psicológica ejercida sobre la paciente y por el incumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la ley 26.529 que pudieran constarse en la investigación”, según apuntan en el documento.
Asimismo, de resultar responsables exigen que se les suspendan las matriculas que habilitan el ejercicio de sus profesiones y se investiguen todos los hechos de violencia hacia las mujeres que existen en el Hospital Avellaneda, más allá del caso de Belén.
Cabe recordar que Belén está presa por haber tenido un aborto espontáneo, y fue condenada a ocho años de prisión. La causa fue apelada y se le sumó un pedido de excarcelación en vez de la prisión preventiva que tiene en este momento, y del cual no hay respuesta oficial aún.
Juan Méndez, relator de la ONU sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, presentó este año un informe que da una perspectiva de género a la tortura y los malos tratos. En una charla organizada este miércoles por Amnistía Internacional Argentina y la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación afirmó que en los países donde no está penalizado el aborto la mortalidad es más baja y que “el riesgo de las mujeres de sufrir tortura y malos tratos cuando buscan asistencia médica por su disconformidad real o aparente con las funciones que determina la sociedad para cada sexo. En particular, el aborto, que a menudo se estima como contrario a las funciones y expectativas que la sociedad ha asignado a las mujeres”.
