De 2013 al pasado mes de marzo, miembros de las policías estatales fueron responsables de 44% de los delitos de desaparición forzada perpetrados “por motivos políticos”, es decir, contra activistas y defensores de derechos humanos. Integrantes de la Policía Federal perpetraron 23% y el Ejército 22%, según el informe.
El documento fue presentado por Alan García, coordinador del área jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México (OACNUDH); el padre Miguel Concha Malo, director del centro de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria; el periodista Federico Mastrogiovanni, así como Margarita Cruz Sánchez y Nadín Reyes Maldonaldo, las fundadoras de Hasta Encontrarlos.
El informe documenta los casos de 139 activistas víctimas del delito en las últimas dos administraciones, gestiones marcadas por la militarización de la seguridad pública. La mayoría de ellos son originarios de estados sureños –Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas– y, hasta la fecha, todos estos casos permanecen impunes.
Entre ellos figuran integrantes de grupos armados –como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZNL)–, líderes indígenas, cooperativistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos o ecologistas.
Todavía, según el documento, seis de cada diez activistas víctimas de desaparición forzada durante la administración de Peña Nieto siguen desaparecidos. Se han encontrado a los demás: 18% de ellos fue ejecutado, el 13% fue liberado y 8% está preso.
El sacerdote Concha se ofuscó que, en su entrevista con La Jornada publicada el domingo pasado, Peña Nieto “dijo que no sabía por qué calificamos (los hechos de Ayotzinapa) como un crimen de Estado”, y recordó que hasta el gobierno federal fue responsable de la “falta de claridad” en la investigación o la “manipulación” de las pruebas que sustentaron la llamada “verdad histórica”.
Por su parte, García recordó las “conclusiones profundamente preocupantes” que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su último informe referente a México, y llamó a una “pronta aprobación” de la Ley contra la Desaparición, la cual está congelada en el Senado.
Al ser cuestionado sobre las reacciones adversas del gobierno mexicano contra los informes internacionales sobre la situación de los derechos humanos en el país, el funcionario de la ONU estimó que “cuando se genera un escrutinio internacional surgen focos de tensión y discrepancias”.
Nadín Reyes deploró la ausencia de “voluntad política” de los agentes del Estado en poner fin a esta práctica que, subrayó, se utiliza como herramienta para implementar un “terrorismo de Estado” y un “control social”.
El sacerdote Concha abundó que existen varios actores que impulsan estas estrategias de terror, entre ellos la delincuencia organizada, las fuerzas de seguridad, la clase política, los corporativos internacionales y los medios masivos de comunicación. Todos estos actores, precisó, están “interrelacionados”.
Mastrogiovanni, por su parte, observó que los casos de desaparición forzada contra activistas se llevaron a cabo en zonas geográficas caracterizadas por tener recursos minerales o los hidrocarburos, además de ser rutas de trasiego de drogas.
Durante el sexenio del panista Felipe Calderón se elevaron a 56 los casos documentados de desapariciones forzadas contra dirigentes o líderes de organizaciones populares.
Según el informe, integrantes de las policías estatales perpetraron uno de cada tres casos de desaparición forzada por motivos políticos durante el mandato del panista (29%); les siguieron miembros de grupos paramilitares –que actúan al amparo del poder– (25%), policías municipales (14%), militares (12%) y marinos (5%).
Al menos 13 de estos desaparecidos terminaron ejecutados, 12 fueron liberados y no se sabe nada de los 31 restantes.
“Durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón, la práctica de la desaparición forzada se incrementó de manera alarmante, no sólo en contra de aquellas personas defensoras de derechos humanos, sino también en contra de la población en general”, fustigó el informe, al añadir: “Hacia finales del sexenio se fue clarificando y evidenciando que las desapariciones forzadas tenían como únicos responsables a agentes del Estado”.
Con base en el último informe sobre México de la CIDH, la organización sostuvo que el regreso del PRI a Los Pinos a finales de 2012 no cambió la política de seguridad de México, por lo que continuaron las violaciones a los derechos humanos perpetradas por fuerzas del Estado.
Tan es así que en los primeros dos años de mandato de Peña Nieto la CNDH recibió 2 mil 212 quejas por violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, contra mil 671 quejas al inicio de la gestión de Calderón Hinojosa. Asimismo, según las cifras oficiales, éstas muestran que 9 mil 384 personas desaparecieron en los primeros 22 meses del gobierno de Peña Nieto.
El año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 9 mil 980 quejas por violaciones a derechos humanos en el país, una cifra superior en 18% a la de 2014.
Además, sostuvo que las reformas estructurales implementadas por la administración de Peña generaron un “mayor descontento popular” y un “contexto de violencia creciente, de imposición de megaproyectos, de desplazamientos forzados, de desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, de criminalización de la protesta social y del derecho a la libre expresión”.
Para Reyes y Cruz, presentar el informe este 25 de mayo tuvo un alto valor simbólico, pues se conmemoró ayer el noveno aniversario de la desaparición forzada de los militantes eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez por parte de elementos estatales y federales en la ciudad de Oaxaca.
A raíz del crimen, las mujeres –esposa e hija de Edmundo Reyes— junto con otros familiares y amigos de víctimas del delito conformaron el colectivo Hasta Encontrarlos, que alcanzó logros significantes en la lucha contra la desaparición forzada.
El 19 de junio de 2014, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordenó a las instancias de seguridad realizar la investigación profunda del caso, incluyendo el traslado “a los lugares de posible detención u ocultamiento” de los eperristas, así como el interrogatorio de los funcionarios de la PGR, de la policía estatal y los mandos militares que estuvieron en funciones en Oaxaca en mayo de 2007.
Si bien Reyes lamentó que las autoridades hicieron caso omiso a estas instrucciones, valoró el avance jurídico de la decisión.
El pasado 5 de mayo, Hasta Encontrarlos recibió el premio Sergio Méndez Arceo –otorgado por organizaciones de la sociedad civil–, con el que pudo imprimir, en blanco y negro, el informe presentado ayer.
