Inició la cuarta semana de la megacausa por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia. Tras los defectos técnicos de la semana pasada, el jueves último se pudo avanzar con la etapa procesual que fijaba la declaración de los imputados. En esta ocasión se concluyó con las declaratorias de los ex miembros del Ejército Jorge Omar Lazarte, Omar Parada y José Roberto Abba, y el gendarme Casiano Pedro Burtnik. El resto de los imputados no prestaron declaración. Así consigna este viernes un informe de La Izquiera Diario
Lazarte hizo una reivindicación de la “guerra contra la subversión” y se declaró inocente y sostuvo que es un “preso político” donde los “vencedores” de esta guerra se encuentran en el banquillo. De igual forma Parada sostuvo haber luchado en una guerra con total conciencia, “no operé por obediencia debida, actué consciente de mis responsabilidades” y puso a disposición del tribunal un listado de ministros, senadores y diputados que firmaron el decreto de ampliación del Operativo Independencia a todo el territorio nacional en Octubre de 1975. Por su parte el Pedro C. Burtnik relató su paso por la provincia de Tucumán en dos ocasiones como miembro del destacamento móvil de gendarmería en el año 1975 y Agosto de 1976. Finalizada la etapa de declaración de los imputados se dio inicio a la etapa que declararan los testigos aportados a la causa, se prevé que más de 1000 testigos presten su testimonio den dicha instancia de la megacausa.
Ofrecido por Fiscalía el investigador Ariel Lede Mendoza, autor del libro “El Profeta del Genocidio” relató la investigación que llevó a dilucidar el rol que la iglesia tuvo durante el Operativo Independencia. A partir del trabajo con los diarios personales del Provicario Castrense Victorio Bonamin expuso la vinculación estrecha entre la Iglesia y los militares a partir del Vicariato Castrense. Éste institucionalmente forma parte de la Iglesia y también del Estado, el cual subvenciona su accionar para garantizar el “cuidado espiritual” de los miembros de las Fuerzas Armadas, Gendarmería y Prefectura, consigna el medio citado.
El Vicariato Castrense fue un instrumento principal de la iglesia para intervenir en el Ejército durante décadas partir de la formación y en un acompañamiento concreto –que en palabras de Bonamin por primera vez permitió a la iglesia ponerse en el “campo de batalla” – durante el Operativo. En palabras de Lede este “acompañamiento moral” no consistió en el aporte individual de algunos sacerdotes sino fue una acción corporativa de la Iglesia, que a partir de iniciado el Operativo amplio la red de Capellanes a nivel nacional a 400.
Estos capellanes se distribuían de igual forma que la zonificación militar del país, y muchos fueron nombrados a partir de iniciado el Operativo para cumplir roles específicos dentro del mismo. Uno de estos objetivos fue aportar al discurso legitimador de la lucha antisubversiva en “nombre de la patria y de dios” mediante cientos de declaraciones de los capellanes en medios y conferencias. Y como segundo objetivo garantizar la presencia de los sacerdotes en la zona de operaciones y Centros Clandestinos de Detención (CCD) para llevar “alivio moral” a los ejecutores del plan represivo que aludían “problemas de conciencia” tras la práctica de detención, torturas y vejámenes llevados a cabo.
Tal era la vinculación de la Iglesia y los militares que el testigo aludió a hecho de que tres días antes de sancionado el decreto que da inicio al Operativo Independencia el Comandante Anaya habla con el Provicariato para anticiparle el inicio del mismo. De igual forma recalcó que su trabajo de investigación se basó en los capellanes que dependían del vicariato, pero que esta red de colaboradores de la Iglesia no acababa ahí y que otros tantos sacerdotes figuran en las nominas, como el caso del sacerdote José “Pepe” Myjalchik. Myjalchik fue absuelto en la megacausa de Jefatura II-Arsenales a pesar de los testimonios de sobreviviente que aseguraron verlo en los CCD, recuerda el informe de La Izquierda Diario.
Para finalizar su testimonio pidió aportar como prueba el listado de 42 capellanes que desempeñaron tareas durante el Operativo Independencia en la provincia de Tucumán. Al cual los abogados defensores se opusieron a la incorporación, pedido ante el cual cedió el fiscal Pablo Camuña. Finalmente a pedido de uno de los abogados querellantes, Bernardo Lobo Bugeau, dicho listado fue incorporado como elemento probatorio de la causa. La incorporación de la nómina no implica que los responsables eclesiásticos tengan que sentarse en el banquillo de los acusados y responder por su participación en el genocidio.
El ex soldado conscripto Rubén Alejandro Juárez cumplió tareas durante los primeros meses del Operativo en el Hospital Militar en San Miguel de Tucumán y después pasó a la dependencia del Hospital Militar en la localidad de Famaillá, a dos cuadras del CCD conocido como “Escuelita de Famaillá”.
Conjuntamente con otros conscriptos de la provincia de Tucumán y de Salta cumplía funciones de chofer de la ambulancia que trasladaba desde los campamentos a los heridos y muertos hacia dependencia del Hospital militar. En su declaración relató como a lo largo del tiempo que cumplió tareas durante el Operativo realizó el traslado de entre 50 y 60 muertos desde lugares en las inmediaciones de Famaillá a la morgue del hospital militar ubicado en San Miguel de Tucumán.
Ante los presentes, que se encontraban escuchando conmovidos, se refirió a un traslado en particular, cuando es llamado a ir a un campamento ubicado en las cercanías del Ingenio La Fronterita donde se encontraba “una mujer guerrillera estaqueada en muy mal estado de salud, desnuda y con signos de haber sido torturada en pechos y la vagina”. A respuesta de una pregunta de la querella sostuvo que esa fue la única ocasión en que trasladó a un herido en esas condiciones.
La violencia específica hacia las mujeres detenidas durante el Operativo y la última dictadura militar implicó en numerosos casos un ejercicio sistematizado de violencia sexual que formaron parte de un plan sistemático más general de disciplinamiento. Esta violencia específica hacia las mujeres, fue previamente planificada y aplicada reiteradamente sobre la mayoría de las detenidas en los diversos CCD que funcionaron a lo largo y ancho del país.
