Organizaciones campesinas, estudiantiles y sindicales, así como religiosos artistas y representantes de partidos políticos de izquierda y de grupos de defensa de los derechos humanos presentes en la marcha denunciaron que no existe ninguna prueba que les incrimine, y por lo tanto reiteraron su petición de absolución.
Los once procesados están acusados por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, y la Fiscalía pide para ellos penas de entre 5 y 30 años de prisión, mientras que la defensa solicita que sean absueltos.
La acusación se refiere a los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012, cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras del distrito de Curuguaty (este) para pedir que se integraran a la reforma agraria.
Durante el desalojo murieron en un tiroteo once campesinos y seis policías, pero la Fiscalía no investigó las muertes de los labriegos.
Mariano Castro, padre de los acusados Néstor y Adalberto Castro, y de Adolfo Castro, fallecido durante la masacre, recordó a Efe que los procesados son en realidad las víctimas de la matanza, que resultaron heridas durante el tiroteo, o perdieron en él a sus familiares.
“No vamos a descansar hasta aclarar qué pasó en Curuguaty. Si no hay libertad de nuestros compañeros, no nos quedaremos de brazos cruzados. El lunes termina el juicio, y esperamos que los jueces tengan conciencia y hagan justicia”, afirmó.
La marcha de hoy se detuvo ante las sedes de la Fiscalía paraguaya y del Ministerio del Interior para denunciar que ambos entes actuaron al servicio de los latifundistas que promovieron el desalojo que desembocó en la masacre.
