El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak (foto) detuvo e indagó a 19 ex militares, tres ex policías y un ex ministro por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura en la comisaría 8ª de esa ciudad. Cuatro de los imputados por primera vez deben responder por este tipo de hechos, mientras que el resto ya se encontraba procesado o condenado en otras causas.
De esta forma, Kreplak, en su carácter de subrogante del Juzgado Federal N°1, hizo lugar a los requerimientos de la Unidad Fiscal Federal de La Plata que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción y que actualmente está integrada por los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira.
La denuncia que dio inicio a la investigación penal había sido formulada por el fiscal Félix Crous en 2003, en base a la prueba recolectada en el Juicio por la Verdad que tramitó en esa ciudad desde 1998 y que -durante la vigencia de las leyes de impunidad- tenía como objeto establecer las circunstancias de secuestros, torturas, homicidios y otros delitos, y la identidad de sus responsables. Entre otros elementos de prueba, durante ese juicio la Cámara Federal secuestró el libro de detenidos, en el que figuran gran parte de las víctimas de la represión ilegal que pasaron por allí.
La comisaría 8ª, que aún sigue ubicada en las calles 8 y 74, en la zona sur de la capital provincial, funcionó en la gran mayoría de los casos registrados como el último centro clandestino del circuito local. Es decir, las víctimas que salían de allí no continuaban su periplo en un lugar similar, sino que eran "blanqueadas" y confinadas en unidades penitenciarias o directamente asesinadas.
En la investigación se contabilizan 106 casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas, y seis homicidios de víctimas que poblaron sus calabozos entre 1976 y 1978. En cinco de los casos de las personas asesinadas los registros indican que se les había dado la libertad; en el restante, la muerte fue presentada como un suicidio en la celda.
La mayoría de las más de cien víctimas fue anotada en el libro de uso oficial de la comisaría, donde se consignó que estaban "a disposición del Área 113", nombre y número que recibió la región de La Plata en la división territorial castrense.
Las declaraciones indagatorias de los 22 imputados fueron concretadas a fines de junio y en los primeros días de este mes. Los imputados eran miembros de las cúpulas del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y de la comisaría 8va. También fue indagado el ex ministro de Gobierno bonaerense, el abogado Jaime Smart.
El Regimiento 7 fue la sede de la jefatura del "Área 113", desde donde se comandó la represión ilegal en la ciudad y la zona de influencia. Los imputados que integraron esa unidad militar son los ex oficiales de Operaciones, Ismael Ramón Verón y Lucio Carlos Ramírez, los ex oficiales de Personal Enrique Welsh, Rubén Vicente Sánchez y Rodolfo Antonio Juncos, los ex oficiales de Logística Héctor Reynaldo Amuchástegui y Enrique Armando Cicciari, y los ex oficiales de Inteligencia Alberto Jorge Crinigan y Luis Gustavo Diedrichs.
En tanto, los imputados que integraron el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército -dependencia que comandó el espionaje de la represión ilegal en la región- son los ex oficiales Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Gustavo Adolfo Cacivio, Ricardo Armando Fernández, Miguel Ángel Amigo, Anselmo Pedro Palavezzatti, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale, todos ellos -junto a Smart- ya condenados en 2014 por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Cacha.
La nómina de indagados se completa con quien fue el segundo jefe de la Policía bonaerense, el ex coronel Rodolfo Aníbal Campos, el ex ministro Smart -ambos condenados en 2012 en el juicio por el funcionamiento de otros centros clandestinos de la ciudad-, y los ex comisarios de la 8ª, Rubén Rodolfo Sabich y Antonio Parodi.
Tanto Parodi como Sabich y los ex oficiales del Juncos y Cicciari del Regimiento 7 fueron indagados por primera vez por crímenes durante la última dictadura cívico-militar.
Para llamar a los 22 imputados a indagatoria, el juez Kreplak declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
