La moción, aprobada por 57 votos a favor frente a 48 en contra, en una sesión desarrollada a última hora de lunes, obliga a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos que financian más del 50 % de su presupuesto con fondos provenientes de otros países a declarar estos ingresos en los informes públicos.
Esta ley ha recibido el rechazo del opositor legislador israelí Najman Shai quien afirma que los israelíes van a “pagar durante muchas generaciones por este daño”, mientras el ultraderechista diputado Robert llatov ha alabado la medida.
El primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, presentó al parlamento la denominada "ley de transparencia " el pasado diciembre después de que su gabinete la aprobara por unanimidad.
El proyecto de ley despertó una oleada de críticas internacionales. Estados Unidos expresó su preocupación sobre el texto a través de su embajador en los territorios ocupados, una acción seguida también por la Unión Europea (UE).
La oposición israelí ha denunciado que se trata de un proyecto “racista” que busca silenciar a los movimientos que critican las políticas del régimen de Tel Aviv hacia los palestinos.
La nueva ley, además, estipula que los representantes de las oenegés que acudan a la cámara legislativa deben llevar una acreditación identificativa similar a la que usan los lobistas para entrar. La organización que no respete los requisitos tendrá que pagar una multa de 29.200 shekels (casi 7500 dólares).
La legislación apunta sobre todo a los principales cinco grupos defensores de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados: Rompiendo el Silencio, Paz Ahora, B'Tselem, Médicos por los Derechos Humanos y New Israel Fund ("Nuevo Fondo de Israel").
