Esta falta de respuestas nos obliga a reflexionar acerca de por qué la desaparición de mujeres y niñas -o sus femicidios- en nuestra provincia suelen quedar impunes, y también nos llama a luchar por su aparición con vida y por la de tantas mujeres más. Por Coordinadora Feminista de Mendoza
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Existe una estructura patriarcal que permite la violencia contra las mujeres. De esa estructura forman parte no sólo los agresores sino también las instituciones del Estado que, por una parte, no contribuyen a prevenir la violencia y, por la otra, una vez ocurrida esa violencia no garantizan reparación, sanción y no repetición. Eso ocurrió con las dos denuncias por violencia de género y otra por abuso sexual que realizó Gisela antes de su desaparición.
La ausencia de una perspectiva de género en el Estado se revela en intervenciones revictimizantes, en denuncias ignoradas, investigaciones mal hechas. Por su parte, los medios de comunicación incurren en violencia mediática cuando periodistas cargados de machismo y sensacionalismo difunden discursos que “explican y justifican” la violencia por la vida privada de las mujeres.
Hay malas víctimas y buenas víctimas. Las mujeres de barrios populares son presentadas como víctimas provocadoras porque “había dejado la escuela, le gustaba el boliche, estaba tatuada, tenía muchos novios, andaba sola por la calle, borracha” Se atribuye la causa de la violencia a las propias mujeres y se oculta la responsabilidad de los agresores y del Estado.
Las desapariciones de Gisela Gutiérrez, Soledad Olivera y Johana Chacón no son excepciones. Al nombrarlas hablamos de todas las mujeres desaparecidas o muertas por violencia machista, de un Estado impotente y por ello violento, del encadenamiento de fallas, omisiones y desidias, de la falta de respuestas porque nadie nos puede explicar qué pasó y dónde están.
Nos organizamos porque queremos respuestas concretas de cada uno de los poderes e instituciones del Estado. Exigimos la implementación de políticas públicas integrales, ello requiere, como mínimo, profesionales especializadas en derechos humanos de las mujeres y perspectiva feminista implementándolas en hospitales y en centros de salud; también en la Corte y en la Procuración de la provincia, en todas las instancias educativas y en los medios de comunicación.
Exigimos, además, a los tres poderes provinciales las asignaciones presupuestarias que hacen falta para transformar y formar a un poder judicial que, hoy, reproduce mayoritariamente prejuicios y estereotipos de clase y género.
Demandamos políticas de prevención y reparación ante la violencia patriarcal. Gisela, al igual que miles de mujeres que son violadas en esta provincia, no fue informada por el médico forense ni por ningún/a operador/a sanitario que tenía derecho a un aborto no punible. Las garantías al aborto no punible prometidas en campaña por el actual gobernador aún son una promesa y por ello una deuda con nuestros derechos.
Es urgente la necesidad de refugios en toda la provincia. Es imprescindible la transformación de la institución policial, su formación especializada y la expulsión de quiénes ejercen violencia desde la institución, contra las mujeres.
Cada una de nuestras exigencias es parte de las leyes provinciales, nacionales y de la Constitución Nacional que el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo están obligados a cumplir. Nuestras denuncias gritan sus omisiones, sus violaciones, su desprecio por la vida de todas las mujeres. Acá estamos, exigimos respuestas y compromisos concretos, no nos basta que sea una preocupación, están obligadxs a que sea su ocupación.
(ANRed)
