Sin embargo, ahora el presidente interino Michel Temer, antiguo socio político de Rousseff, emplea los Juegos Olímpicos para un fin más ambicioso: acelerar su plan de privatizaciones, del que está previsto que saquen partido varias multinacionales españolas.
Temer está listo para transferir al sector privado “todo lo que sea posible en materia de infraestructura”, tal y como declaró al asumir la presidencia interina en mayo tras la polémica y sombría destitución de Dilma Rousseff. El mandatario se escudó en la lucha contra el déficit público y la crisis económica que afecta a Brasil para lanzar un mensaje claro a los mercados y anunciar un paquete de medidas de austeridad más ambicioso que el de su predecesora y que, además de numerosas privatizaciones, incluye recortes en el presupuesto de educación, sanidad y otros ámbitos estratégicos de la sociedad. “Los economistas brindan (moderadamente) por Brasil”, tituló el Financial Times tras el anuncio.
La primera lista de privatizaciones, “maldades aparentes en beneficio del país” según Temer, se centra en activos y empresas públicas del sector energético y de transportes. Entre las propiedades estatales en venta están los aeropuertos de Santos Dumont (Río de Janeiro) y Congonhas (São Paulo), que poseen la ruta aérea con mayor flujo de pasajeros del país, además de otros cuatro aeropuertos, varios puertos marítimos y estaciones de autobús y tren. La española Ferrovial es una de las favoritas para la compra de ambos aeropuertos.
En el ámbito energético, pasan a estar en venta 230 empresas del sector eléctrico nacional, incluidas varias hidroeléctricas que en 2015 dieron beneficios al erario público por valor de 5.600 millones de euros y las acciones del Estado brasileño en Liquigás (empresa distibuidora de gas). Además, el gobierno quiere suprimir varias normas que obligan a que haya presencia estatal en ámbitos estratégicos, como la ley que obliga a que Petrobras controle al menos el 30% de las explotaciones de las gigantescas reservas petrolíferas del Atlántico brasileño.
También fueron puestas en venta acciones de la Caixa Econômica Federal (la mayor entidad financiera pública de América Latina), además de varias secciones de la Casa de la Moneda y la empresa de Correos, vendida bajo la justificación de que registra pérdidas. Paradójicamente la institución redujo el gasto para mejorar sus servicios –colas de horas incluso para comprar sellos- pero sí se permite hacer una aportación millonaria para figurar entre los patrocinadores de los Juegos Olímpicos. “La situación financiera de Correos es muy complicada, pero tiene buenos activos y podrá ser valiosa”, sostiene el Ministerio de Economía.
“Se trata de un pacto agresivo de privatizaciones […] otro elemento más del golpe de Estado”, opina Alessandra Cardoso, economista y asesora del Instituto de Estudios Socioeconómicos. Esa y otras organizaciones civiles de Brasil también denuncian que el ejecutivo de Michel Temer no tiene legitimidad electoral para emprender las privatizaciones y concesiones, y recuerdan que se trata de un gobierno temporal. “Sé que soy interino, pero actúo como si fuera [presidente] efectivo”, declaró Temer el mes pasado en una entrevista.
La presidenta apartada temporalmente asegura que los datos de déficit con los que Temer justifica la venta de activos estatales son falsos y sirven de “cheque en blanco” para justificar las privatizaciones.
El gobierno temporal de Brasil no dará detalles ni cifras sobre las privatizaciones hasta después de que el Senado se pronuncie sobre el impeachment de Dilma, una votación prevista para finales de agosto, justo después de las Olimpiadas. Varios politólogos y analistas leen esta decisión como un intento de Temer para que multinacionales y grandes fortunas hagan presión a su favor de cara a la votación. Los elogios de bancos como el HSBC hacen pensar que lo está consiguiendo. “La situación económica y política está cambiando de manera favorable en Brasil”, rezaba la entidad bancaria al inicio de los Juegos Olímpicos en una nota dirigida a sus clientes.
Los planes de Temer durante los JJOO incluyen otras iniciativas con más nombre que peso real, como la “Llama Emprendedora” que recorrió varias ciudades coincidiendo con el paso de la antorcha olímpica, o el Plan Nacional de Cultura Exportadora. Paradójicamente la primera decisión de Temer cinco horas después de asumir el poder fue cerrar varios ministerios, entre ellos el de Cultura.
El Ejecutivo no electo de Brasil también pretende lanzar una reforma laboral y en el sistema de pensiones, aunque Temer ya aclaró que será “después del impeachment”, explicó durante una entrevista en la que además dijo que empezaría a viajar al extranjero para promover las inversiones. Días después de aquellas declaraciones, el diario Folha de São Paulo filtró documentos que mostraban los gastos estratosféricos del presidente interino durante sus viajes oficiales al extranjero.
Entre 10.000 y 40.000 millones de euros
El conglomerado mediático Globo, el más influyente de Brasil, estima que las privatizaciones están valoradas en más de 40.000 millones de euros, mientras que Henrique Meirelles, ministro interino de Economía que ya ocupó el cargo durante los años de vacas gordas con Lula en la presidencia, reduce la cifra a apenas 10.000 millones. Meirelles dirigió el BankBoston Corporation y fue consejero de J&F Investimentos, dueña del mayor productor mundial de carne.
El plan privatizador de Temer está diseñado con cuidado para adaptarse a la compleja agenda política de Brasil. El Congreso tendrá que dar su visto bueno a varias ventas, un paso que se antoja relativamente fácil considerando que el nuevo presidente de la cámara baja, Eduardo Maia, es un declarado defensor de las privatizaciones y aliado del presidente interino. El nombramiento de Maia contó con el apoyo del Partido de los Trabajadores, la formación de Dilma Rousseff. Paradojas de Brasil.
Además de crear un clima propicio para las privatizaciones, el presidente interino también encuentra en los Juegos Olímpicos un elemento de distracción para los escándalos que le salpican actualmente. Este domingo pasado la prensa brasileña reveló que Michel Temer y su actual ministro de Exteriores, José Serra, habrían recibido de manera ilegal más de 10 millones de euros a cambio de favores políticos para la multinacional constructora Odebrecht, según confesó su presidente a los jueces del caso Lava Jato que investiga la red de corrupción ligada a Petrobras. Con foco mediático puesto en los Juegos, la noticia quedó relegada a segundo plano de la actualidad brasileña.
Río de Janeiro, cumbre del deporte estos días, está plagada de detalles que dibujan el nuevo rumbo del país. “Brasil está en nuestras manos” es el nombre de un coloquio para empresarios que tendrá lugar el próximo 11 de agosto Río de Janeiro. El evento se celebrará en un lujoso hotel a pocos minutos de la Ciudad Olímpica y tendrá por finalidad “acercar a líderes empresariales e instituciones de todo Brasil”, según sus organizadores. Reservar una mesa cuesta 900 reales -el salario mínimo en el Estado de Rio de Janeiro son 880- y la estrella de la cita será el ministro de Industria y Comercio Exterior, Marcos Pereira. Otro ejemplo de la trayectoria liberal impuesta por un gobierno no electo en la novena mayor economía del planeta.
