"De acuerdo a los términos de la denuncia que origina la presente, resultaría imputada prima facie la licenciada Gabriela Michetti, vicepresidente de la Nación", consideró Marijuan en el dictamen al que accedió Télam.
Sin embargo, el fiscal aclaró que ello es "sin perjuicio de que nuevos elementos probatorios permitan individualizar a otros presuntos responsables de los hechos aquí develados".
Marijuan dictaminó a favor de abrir una investigación a partir de la denuncia de un abogado, Leonardo Martínez Herrero, a la que se acumuló otra de los diputados nacionales Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.
En las denuncias se pidió investigar si la vicepresidenta incurrió en algún delito en torno al dinero (245 mil pesos y 50 mil dólares) robado de su casa, en el barrio porteño de Balvanera, el 22 de noviembre de 2015.
Por este hecho fue procesado un custodio de la entonces senadora nacional, que justamente ese día fue electa como vicepresidenta de la Nación.
Además, pidieron establecer si el dinero estaba declarado y corroborar si 200 mil pesos provinieron de una donación recibida por la fundación SUMA, presidida por la funcionaria, como ella explicó.
Además, Michetti afirmó que 45 mil pesos estaban destinados al pago de una refacción de su vivienda y que los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja, Juan Martín Tonelli Banfi.
Martínez Herrero pidió verificar las "circunstancias relacionadas con la donación efectuada a la fundación SUMA" y corroborar "las declaraciones juradas de la actual vicepresidente desde el período 2014 hasta la fecha, y de su pareja, Juan Martín Tonelli Banfi, a los fines de constatar si en las mismas figuraba la suma de 50 mil dólares".
En su denuncia, Cabandié y Tailhade aludieron a la Fundación SUMA y "expresaron que la mayoría de los miembros del gobierno integran o son autoridades de fundaciones que desarrollan tareas políticas de manera paralela a la que formalmente despliega el partido político PRO".
Así, sostuvieron, "financian el funcionamiento del partido y sus principales dirigentes".
Para los diputados, "la mayoría de esas fundaciones registran escasa actividad estatutaria y apego a las normas legales que las regulan, resultando llamativa la contradicción entre la dinámica de sus movimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones ante el organismo encargado de controlar su vida social", recordó Marijuán en el dictamen.
En ese marco, fueron mencionadas, además de SUMA, las organizaciones FORMAR, y Fundar Seguridad y Justicia.
Sobre todas, el fiscal ordenó abrir una investigación y pidió a Lijo, en cuyo juzgado tramita este expediente, distintas medidas de prueba.
Cuando el robo tomó estado público, el 17 de julio, Michetti afirmó de inmediato que no tenía "ningún problema" en ser investigada por el hecho. "Está mi declaración jurada donde consta lo que yo digo, y la constancia de lo que había pasado con el dinero de la fundación", declaró entonces.
