Después del duro revés al gobierno de Mauricio Macri por la suspensión al aumento del gas para usuarios residenciales y el establecimiento de las audiencias de manera inexorable para determinar el precio del transporte y distribución, la Corte Suprema de Justicia pidió a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que dictamine sobre la validez del aumento en las tarifas eléctricas.
La CSJN envió a Gils Carbó el expediente en el que la Cámara Federal de La Plata suspendió por tres meses el incremento dispuesto por el Gobierno Nacional.
Justamente ese tribunal con sede en la capital bonaerense es el mismo que había suspendido el aumento en las tarifas de gas, decisión anulada parcialmente por la Corte que encabeza Ricardo Lorenzetti.
En su dictamen en el expediente sobre el incremento del gas, Gils Carbó le pegó duro a los aumentos por la falta de audiencias públicas previas.
El incumplimiento de ese requisito y la protección de los sectores "más vulnerables" fueron las principales razones por las que la Corte anuló las resoluciones 28/16 7 31/16 –que dispusieron los aumentos- con relación a los "usuarios residenciales" y no se expidió –por lo que están vigentes- sobre el resto de los consumidores.
