"Rechazo categóricamente estas afirmaciones", dijo Peña Nieto, y agregó que nunca se habían destinado en México tantos esfuerzos a una investigación, que, además estuvo "muy abierta" al escrutinio internacional.
Sin embargo, su gobierno no renovó el contrato de un grupo de expertos multidisciplinarios independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que puso en duda la hipótesis oficial de lo sucedido.
Posteriormente, las protestas generadas por esa actitud rehabilitaron la relación del gobierno con la CIDH y sus investigaciones, tal como reclamaban los familiares de los jóvenes presuntamente asesinados en Iguala, estado de Guerrero, cuando buscaban autobuses para sumarse a una protesta en la Ciudad de México.
"No tenemos nada que ocultar", agregó Peña Nieto, en vísperas de que se cumpla el lunes el segundo aniversario de la desaparición y presunto asesinato de los jóvenes, estudiantes de la escuela rural para maestros de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
El presidente mexicano dijo que tampoco se puede considerar una "actuación de Estado" supuestos abusos cometidos por fuerzas de seguridad en enfrentamientos con grupos criminales en localidades como Tanhuato y Tlatlaya, pese a que organismos de derechos humanos denunciaron que hubo ejecuciones extrajudiciales.
En Tlatlaya, un grupo de militares fue acusado de matar al menos a 8 personas cuando ya se habían rendido el 30 de junio de 2014, en un tiroteo que dejó en total 22 muertos. La Justicia civil desestimó las acusaciones y los dejó libres.
Casi un año después, en mayo de 2015, un enfrentamiento en Tanhuato entre la Policía Federal y un grupo de la delincuencia organizada dejó 42 civiles y un policía muertos. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 22 fueron ejecutados extrajudicialmente y hubo torturas.
Peña Nieto sostuvo que "hay una constante en todos estos eventos: presencia del crimen organizado. Y, evidentemente, lo que es inaceptable, y aquí yo lo rechazo categóricamente, es que se pretenda decir en todos estos eventos que hay una consigna de actuación de Estado. Es absurdo, aberrante".
El mandatario también defendió su decisión de nombrar como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad a Tomás Zerón, el cuestionado jefe de las investigaciones de Ayotzinapa.
"Yo no asumo como una sentencia los juicios que se hacen sobre Tomás Zerón", afirmó, y agregó que "tampoco puedo ceder a consignas o señalamientos".
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos afirman que Zerón enturbió las investigaciones al realizar una diligencia no registrada en el expediente en un sitio donde un día después se encontró una bolsa con restos de ceniza y con el único fragmento óseo identificado con plenitud como perteneciente a uno de los jóvenes desaparecidos.
La situación, por otra parte, dista de mejorar: el diario La Jornada informó hoy que agosto pasado fue el mes con el mayor número de homicidios dolosos en lo que va del actual sexenio de gobierno, al acumular 1.938 denuncias por hechos en los que murieron 2.147 personas.
