El diputado provincial del Frente para la Victoria Juan José Mussi presentará un escrito ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para pedir que se reabra una causa contra el juez Federal Luis Armella, que permanece archivada desde febrero y que investigaba irregularidades y abuso en el ejercicio de su cargo como juez encargado de supervisar y ejecutar la sentencia de la Corte por la limpieza del Riachuelo, ordenar y controlar la ejecución de obras a esos fines. El Legislador bonaerense presentaría además testigos y nuevas pruebas a la causa.
La decisión del ex intendente de Berazategui se da luego de que el letrado ordenara un allanamiento a la Municipalidad para investigar supuestas irregularidades en el Plan Argentina Trabaja. Por ese entonces, Mussi ya había vinculado el accionar de Armella a una “persecución política”.
Ahora, en esta denuncia se investigaba el dictado de resoluciones por parte de Armella que obligaban a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) a realizar obras complejas para el saneamiento del Riachuelo en plazos muy breves bajo sanción de imposición de multas a los funcionarios intervinientes. Así la Acumar debía realizar contrataciones de excepción y procedimientos abreviados que generalmente terminaban beneficiando a empresas vinculadas a Armella y su familia.
Según un informe confeccionado por la Auditoria General de la Nación las empresas adjudicatarias de las obras contratadas mediante procedimientos abreviados ordenados por Armella, integraban un mismo grupo económico ya que se encontraban inter-relacionadas por la alternancia de sus socios, la composición de sus órganos o la coincidencia de domicilio.
Las sociedades que recurrentemente aparecían beneficiadas en las contrataciones de urgencia determinadas por órdenes del juez eran, según informó el legislador del kirchnerismo: Gildin S.A., Vial Rogo Constructora S.A., Tierras Provinciales S.A., Compañía Constructora M&T S.A. y Kartonsec S.A. Dicho informe, también arrojó que la cónyuge, el suegro y un tío de la cónyuge del juez, integraron la sociedad “San Martín 264 Bernal S.A” junto a personas físicas que componían sociedades del grupo económico adjudicatario de las obras de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. La causa también asegura que Armella utilizó sus facultades para ordenar la clausura de empresas competidoras.
Tras comprobarse dichos vínculos, en 2012 la Corte Suprema decidió separar al juez federal de Quilmes Luis Armella de la causa en la que lo había puesto a cargo de garantizar la ejecución del fallo que dispuso sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. El alto tribunal también resolvió denunciarlo penalmente y ante el Consejo de la Magistratura.
Finalmente, en febrero de este año, con la actual integración del Consejo de la Magistratura, se sometió a votación la apertura de procedimiento de remoción de Armella, que requiere una mayoría de nueve votos para resultar afirmativa, esa mayoría no se alcanzó, según especulan en el entorno de Mussi, por “influencia de dirigentes del radicalismo”, y la denuncia fue desestimada.
