Las jóvenes de 25 y 23 años, respectivamente, concedieron una entrevista a La Nación durante su visita al país la semana pasada.
Su intención es difundir la lucha de su madre dedicada a la defensa del ambiente y a la protección de la comunidad indígena lenca. También denuncian que la investigación sobre el asesinato avanza poco y demandan la participación de una comisión independiente que acompañe el caso.
Para ellas, el Estado es responsable del asesinato, pero temen que quede sin condena, como pasa con la mayoría de crímenes en un país donde reina la impunidad.
“Creemos que hay una responsabilidad del Estado, incluso lo hemos denominado como un crimen político”, dice Berta.
Sus voces pausadas y contundentes son eco del legado de su madre, a quien consideran una compañera de muchas personas “en la búsqueda de la verdad y la justicia”.
¿Cómo avanza la investigación sobre el asesinato de su madre?
Berta: Conocer sobre la investigación ha sido bastante difícil. Desde el principio se nos negó el acceso, incluso cuando existe una obligación legal para que seamos partícipes activas. Al inicio empezamos a percibir una serie de irregularidades en las hipótesis que apuntaban a que el asesinato tenía que ver con la misma organización que ella lideraba o con un crimen pasional. Nosotras denunciamos eso y al final el testimonio de Gustavo Castro (ambientalista mexicano) y la presión internacional obligaron a que hubiese posteriormente (hace casi dos meses) la detención de cinco personas presuntamente responsables de la autoría material del crimen.
Nuestra representación legal no tiene ninguna forma de entrar a la investigación, de saber algo de la investigación y realmente nos enteramos de todo lo que estaba pasando y quiénes eran los detenidos hasta el día de la audiencia, cosa que claramente es una violación.
Laura: Por ahí nos dimos cuenta de algunas diligencias un día antes de la audiencia, pero de las detenciones supimos por los medios de comunicación.
Berta: Entonces casi todo lo hemos conocido por los medios de comunicación, todo ha sido bastante difícil y después pareció que el objetivo de las detenciones era quitarse la fuerte presión internacional que había y que las capturas se hicieron de una manera precipitada. Esto significa que la acusación es muy frágil, que la prueba principal que sostiene las acusaciones se hizo con un mal procedimiento, lo que puede hacer que se caiga incluso de estas personas que ya han sido detenidas.
Entre los detenidos hay gente vinculada a la empresa privada y también un mayor de las Fuerzas Armadas que es entrenador de la Policía Militar. Para nosotros esto demuestra lo que denunciamos desde el principio que es la responsabilidad de la empresa, pero también la participación del Estado hondureño en este asesinato.
Luego del asesinato lo que sucedió, aunque no ha habido mucho más allá, es que tres de estas personas pusieron un recurso de apelación, porque tienen prisión preventiva y porque obviamente para que se anule y se le de sobreseimiento provisional al caso. Eso es lo reciente, nosotras desde el principio continuamos demandando para la investigación una comisión independiente de investigación que nos garantice objetividad, transparencia. Ya que sí creemos que hay una responsabilidad del Estado, incluso lo hemos denominado como un crimen político.
¿Cómo ha sido la comunicación con el Estado?
Laura: En realidad a nosotros no nos están informando de nada, nos tiene marginadas de la investigación. El Gobierno a lo único que ha respondido ha sido a la presión internacional y a la comunidad internacional. El que ha estado sacando hasta hace poco comunicados con relación al tema era el Canciller. Continuamos al margen de la investigación, aún cuando hay una ley en Honduras que nos contempla a nosotras como víctimas del asesinato, que tendríamos que tener participación y saber cómo va la investigación. Entonces se siguen violentando leyes, se sigue procediendo mal y hay intención de que este crimen quede en la impunidad como quedan en la impunidad el 98% de los crímenes en Honduras.
¿El presidente no se comunicó con la familia para darle el pésame?
Berta: No, él dijo a través de terceros; por ejemplo, el gobernador del departamento, que tenía intención de recibirlos, nosotras dijimos que sí, que queríamos reunirnos con él y hablar, pero con quien nos reunimos fue con el fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, y donde le planteamos todas estas cuestiones. Él dijo y se comprometió a cosas que nunca hizo, como por ejemplo darnos acceso a la información. Nunca nos volvimos a reunir, nunca se tuvo otra oportunidad de encontrarlo y la intermediación del Ministerio Público, que es la institución que se encarga de toda la parte legal e investigativa, ha sido mínima.
¿Temen que el caso quede impune?
Berta: Efectivamente, nosotros creemos que si no es por una comisión independiente, que sea imparcial, el caso va a quedar en la impunidad. El Presidente ha dicho expresiones como que tiene todo el compromiso de llegar a la Justicia, pero nosotras decimos que entonces por qué no acepta el ofrecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde hace más de dos meses para que crear un grupo independiente que acompañe el proceso y certifique que las cosas se están haciendo cómo se deben. Todo esto nos sigue generando la inquietud de qué es lo que temen, qué es lo que se esconde, por qué no hay una comisión independiente.
¿Ha cambiado algo en Honduras desde la muerte de Berta Cáceres?
Laura: Han habido distintos factores, uno es que con el asesinato de mi mami se rompe con la naturalización de los asesinatos. En Honduras hay una costumbre que uno ya no se sensibiliza por los asesinatos, pero si hay esto de un clic, una indignación colectiva, hay una respuesta de las organizaciones y de los movimientos sociales de indignarse por este asesinato y comprometerse a luchar con fuerza. Sin embargo, también hay un mensaje claro de represión y violencia, así como hay un mensaje que si en Honduras se asesinó a la persona con más perfil nacional e internacional se puede asesinar a cualquiera. Estamos hablando que cualquier persona que esté con una lucha, que esté amenazada y en medio de una situación de vulnerabilidad tiene la vida seriamente comprometida. En caso de no haber justicia y que reine la impunidad en este asesinato estaría permitiéndose el accionar libre de las empresas que actúan bajo términos de violencia, represión, asesinato y criminalización hacia los luchadores.
¿Por qué se desconfía tanto de las autoridades en Honduras?
Berta: Primero porque la institucionalidad representa todos los intereses del golpe de Estado, que era el impulso del modelo extractivo y con base en la represión del Gobierno, que se ha hecho efectiva a través de la militarización de la sociedad hondureña. La presencia policial constante ha garantizado el desarrollo de estos proyectos, del Ejército de Honduras, de las fuerzas especializadas del Ejército de Honduras, creadas especialmente para las regiones en conflicto, que son las regiones donde quieren instalar proyectos hidroeléctricos, mineros y monocultivos.
Toda la institucionalidad hondureña está creada para velar y garantizar el desarrollo y el impulso del modelo extractivo (modelo productivo basado en la extracción y exportación de materias primas), de la empresa privada, de la banca internacional y de los empresarios nacionales que son realmente los que dictan las políticas en nuestro país, entonces sí hay una desconfianza muy fuerte porque la institucionalidad hondureña lo que hace es proteger esos intereses.
Mi mami fue criminalizada durante toda su vida, ahora todos dicen que les duele mucho, pero fue criminalizada, fue judicializada y la institucionalidad es la que va de la mano con las empresas privadas como el caso específico del proyecto Agua Zarca, en el que el gerente general es David Castillo y fue entrenado en la West Point (academia militar) de los Estados Unidos y forma parte de la inteligencia militar de Honduras.
El interés en que mi mami fuera asesinada no es solo de la empresa, es de todos los que están invirtiendo ahí, que son personas que están en el Gobierno, como es el caso de la vicepresidenta del Congreso, Gladis Aurora López. En nuestra región ella es dueña de tres proyectos hidroeléctricos que llevan su nombre: Aurora 1, 2 y 3. Ella es de las principales que criminalizó la lucha de mami cuando estaba en vida.
Laura: El Gobierno no solo ha sido garante de esta represión, también ha sido incapaz de lograr justicia. Ha reinado la impunidad y tampoco ha sido capaz de brindarle al pueblo hondureño sus derechos fundamentales: salud, educación, vivienda, comida. Es una institucionalidad que nunca ha podido contemplar ninguna de las necesidades del pueblo.
*Por Gustavo Arias R, Ximena Alfaro y Adrián Soto H.
