Mañana y pasado, casi un millón y medio de alumnos primarios y segundarios de todo el país deberán realizar la evaluación Aprender 2016, un operativo impulsado desde el Gobierno Nacional. Sin embargo, el examen masivo no se desarrollará con facilidad y hasta el presidente Mauricio Macri salió a pedir “colaboración” a la comunidad educativa. Porque en distintos puntos del país se multiplicó en los últimos días el rechazo, tanto entre gremios, docentes y padres como entre estudiantes. Maestros que renuncian, sindicatos que proponen contra-evaluaciones y hasta tomas de escuelas y paros son algunas de las reacciones que desató la medida lanzada desde la cartera de Esteban Bullrich.
Los principales cuestionamientos tienen que ver con el tipo de evaluación, estandarizada y con preguntas de tipo multiple choice, que no contemplan los procesos de aprendizaje y resolución por parte de los chicos y que no tienen en cuenta los distintos contextos escolares. En los últimos días se filtraron algunas de las preguntas que forman parte de la evaluación, y el rechazo creció aún más. “¿Alguien de tu familia recibe la Asignación Universal por Hijo u otro programa social”, es uno de los interrogantes.
Un especialista que trabaja para el Ministerio de Educación explicó a este portal que desde 1993 se realiza el Operativo Nacional de Evaluación (ONE), pero siempre se hizo con carácter de muestrario y cada dos o tres años, no de forma masiva y censal y con periodicidad anual como propone la gestión Cambiemos. “Se teme que armen un ranking de escuelas mejores y peores”, advirtió. Y consideró que el formato de preguntas multiple choice “dificulta ver procesos que hacen los chicos para resolver un problema y genera sospechas de que el fin no es pedagógico”.
Entre mañana y el miércoles, 1,4 millón de alumnos de 3° y 6° grado de primaria y de 2° o 3° y 5° o 6° año de la secundaria deberían responder las preguntas de Aprender 2016. Según la cartera de Bullrich, las pruebas se tomarán en más de 30.000 escuelas de todo el país, con la colaboración de 31.365 directivos como veedores y unos 71.606 docentes en el rol de "aplicadores".
Sin embargo, en las últimas semanas las negativas de los docentes a participar se multiplicaron. Leticia Walther, maestra de sexto grado en la Escuela Primaria 7 de Villa Martelli, fue una de las primeras docentes en hacer pública su renuncia. Publicó una carta en Facebook explicando sus motivos y, para su sorpresa, su mensaje fue replicado más de 8100 veces.
“Decidí hacerla pública porque me pareció que no se estaba debatiendo lo suficiente. El sindicato nos había hecho llegar un formulario de renuncia, pero estaba poco difundido el objetivo real de Aprender. Desde que publiqué mi carta recibí un montón de consultas de docentes y padres”, contó en diálogo con Política Argentina. “Entre los docentes hay opiniones divididas. Muchas maestras dicen que si sirve para la educación lo van a hacer. Pero hay mucha ingenuidad en la lectura. No se puede esperar que un gobierno que tiene determinadas políticas nacionales de golpe se preocupe por la opinión pública”, opinó. Tras explicarles a sus alumnos de sexto grado por qué había decidido renunciar, los chicos plantearon la inquietud en sus casas y muchos de sus padres decidieron que ellos tampoco participarían.
“Hay mucho revuelo, son muchos los docentes que no lo quieren hacer. Pero se sienten presionados. A la vez hay secundarios que no van a participar, ya lo anunciaron, como las escuelas que dependen de la Universidad de Entre Ríos”, señaló a este medio Miguel Duhalde, secretario de Educación de CTERA. Y mencionó entre los “diferentes mecanismos de presión” ejercidos hacia los educadores hay “una convocatoria a Institutos de Formación Docente para acceder a una beca sólo si les iba bien en Aprender” (ver afiche).
Por su parte el gremio Ademys, que representa a docentes porteños, criticó que se busca desligar al Estado de sus obligaciones: "El objetivo es generar información sobre las escuelas para descargar la responsabilidad de la situación de la educación en los estudiantes, docentes y familias, desligando al Estado de su rol de garante de derechos. Así buscan justificar medidas de ajuste”.
En tanto, distintas instituciones educativas ya anticiparon que no participarán de la instancia de evaluación. El Consejo Asesor del Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, por caso, resolvió la “no adhesión” a Aprender 2016 y argumentó, entre otras cosas, que “que el formato de prueba estandarizada se contradice con el carácter procesual de la enseñanza en nuestro colegio, como así mismo con su perfil experimental”, “que los términos de la convocatoria carecieron de las pautas organizativas requeridas para desarrollar en tiempo y forma la evaluación” y que “el plantel docente considera necesario que los procesos de construcción de la evaluación sean colectivos”. La misma decisión tomó la Universidad Nacional de Rosario para las escuelas secundarias bajo su órbita.
En el marco de sus reclamos, Suteba lanzó una “contra-evaluación” para los dos días del operativo Aprender. “Los trabajadores de la Educación evaluamos las Políticas Educativas, la gestión y el Sistema Educativo”, es la propuesta, difundida mediante un video que cuestiona el carácter inconsulto, el mecanismo “punitivo” de la evaluación, la reducción de los docentes a un rol de veedores, etc.
En algunas escuelas y distritos se tomaron medidas más extremas. En la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt (ENSAM) de Banfield –un emblemático colegio de la zona sur- los alumnos comenzaron el viernes una toma de la institución, en rechazo a la evaluación de Bullrich. En Santa Cruz, los docentes convocaron a un paro de actividades para mañana, en contra del Acuerdo Social Educativo aprobado por la legislatura local y en rechazo a la evaluación nacional.
