Este lunes se inició en las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia la discusión sobre la Ley de Amnistía. Un debate histórico como casi todas los que vendrán en estos seis meses de implementación legislativa del Acuerdo de Paz con las FARC, refiere El Heraldo.
Sobre este debate destaca el inicio formal del “fast track” (vía rápida) procedimiento especial que reduce el tiempo para aprobar leyes y reformas, y servir como validación a la refrendación del pacto de La Habana, condición impuesta por la Corte Constitucional.
En concreto, con esta ley se busca dar un alivio judicial, y un perdón, a los combatientes presos o con procesos abiertos por delitos políticos y delitos conexos a este.
Para tal fin se establecen dos tipos de procedimientos, uno “de iure” que es inmediato y general, y otro caso a caso. Este último está sujeto a la Sala de Amnistía que tendrá la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
El procedimiento de iure sería aplicado una vez entre en vigor la ley y cobijaría a la mayoría de combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, incluidos los guerrilleros que se encuentran en la cárcel.
Según el ministro de Justicia, Jorge Londoño, el indulto que ofrecerá el Gobierno podría cobijar alrededor de 100 miembros de las FARC, sumándole los amnistiados de las cárceles, cuyo número ronda los 4.500 presos.
Aquellos guerrilleros que salgan de las cárceles deberán trasladarse a las zonas veredales para adelantar el proceso de reincorporación en conjunto con los combatientes activos.
Aclaró Londoño, en declaraciones recientes, que no hay una lista conformada de cuántos guerrilleros serán beneficiados, pero que dicha lista deberá ser conformada a los 10 días de haber entrado en vigencia la Ley.
La importancia de la amnistía no solo radica en que con ella arranca la implementación, sino que ha sido reconocida, tanto por las FARC como por el Gobierno, como la condición fundamental para brindar seguridad jurídica a los guerrilleros durante el procedimiento de desarme.
En resumen, sin amnistía no habrá entrada de los integrantes de las FARC en las zonas veredales y no habrá garantía para la dejación de armas.
Agentes del Estado
Los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía están excluidos de los beneficios de la amnistía, ya que esta se otorga para delitos políticos y ellos, como agentes del Estado, no pueden cometerlos.
Sin embargo, esta ley prevé un tratamiento judicial diferenciado para los Agentes del Estado que se traduce en una renuncia a la persecución penal.
Esta medida, al igual que el perdón otorgado a los guerrilleros, no aplicará para delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.
De acuerdo con la ponencia elaborada por el senador Armando Benedetti, los terceros civiles implicados en el conflicto, también podrán acceder a la renuncia de la persecución judicial, siempre y cuando se hayan presentado ante la JEP dentro de los tres años siguientes a su puesta en marcha “y no hayan tenido participación determinante en delitos más graves y representativos”.
En esta categoría, según Benedetti, podrían caer los condenados por parapolítica y farcpolítica, quienes podrían recuperar sus derechos políticos.
Casos que juzga la JEP
En primer lugar la JEP está diseñada para investigar y juzgar los delitos más graves, como los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. En esta categoría caen el secuestro, el genocidio, la tortura o la violencia sexual. Tales casos no podrán ser objeto de amnistía.
Sin embargo, la JEP tendrá una Sala de Amnistía, encargada de revisar caso por caso qué delitos pueden ser objeto de este beneficio y establecer otras conexidades al delito político dependiendo del caso particular estudiado.
Narcotráfico en la lupa
El narcotráfico no quedó incluido entre la lista de 35 delitos conexos a los siete delitos políticos reconocidos en la Ley de Amnistía. Sin embargo, puede llegar a ser indultable en los casos individuales en que se reconozca su conexidad con el financiamiento del conflicto.
Es decir, la actividad del narcotráfico por sí misma y para el enriquecimiento personal no tendrá cabida en JEP, pero en los casos que haya servido para financiar el sostenimiento de la confrontación armada de las FARC, podría ser objeto de sanciones alternativas.
Serán los jueces, entonces, los encargados de dirimir en cada caso cuando el narcotráfico fue usado para fines políticos y cuando no.
Debates en el Congreso
El debate que inició este lunes también tiene otra particularidad: será el primero con participación del movimiento Voces de Paz, constituido por personas que acompañan el tránsito de las FARC de las armas a la lucha política.
Seis ciudadanos, tres en Cámara y tres en Senado, tendrán voz más no voto en los debates de la implementación. Ellos, desempeñarán un rol inédito en el legislativo, que por primera vez escuchará posturas abiertamente afines con la guerrilla del vecino país.
