Dicho informe, de 177 páginas y completo desde agosto, es una investigación interna a la investigación oficial que hizo la PGR y concluye que la conducta de sus investigadores violó “el derecho a la verdad” de las víctimas y dañó su derecho a la justicia.
Entre otras irregularidades, el informe revela que sospechosos fueron detenidos y trasladados ilegalmente, invalidando así las pruebas que pudieron proveer de acuerdo con la legislación mexicana.
El informe también desvela que el principal investigador del caso llevó a un sospechoso a identificar la presunta escena del crimen sin la presencia de su abogado, una visita que además no figura en los archivos del caso, en los que faltan otros documentos de ese día y en los que aparecen fechas contradictorias.
Según el dossier, el lugar que el sospechoso identificó, en el río San Juan, se dejó sin vigilancia esa noche.
El informe también advierte de la detención de seis sospechosos en diferentes ubicaciones y en el mismo día que “espontáneamente” proporcionaron la misma versión de los hechos, incluso con las mismas palabras, en la que admitieron ser miembros del cartel Guerreros Unidos y haber asesinado a los estudiantes.
De acuerdo con el The New York Times, el informe no pasó el trámite de la aprobación de la PGR a causa de las irregularidades que documenta y sigue hoy “bajo estudio” en un “limbo burocrático”.
Su autor, César Alejandro Chávez Flores, dejó repentinamente su puesto en el organismo cuatro semanas después de concluir el documento.
Otro de los que dejó su puesto fue precisamente el principal investigador del caso, Tomás Zerón de Lucio, un estrecho colaborador del presidente, Enrique Peña Nieto, que fue “inmediatamente” nombrado secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.
El relato oficial de la PGR es que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero), por policías corruptos, que los entregaron a miembros de los Guerreros Unidos, que a su vez los mataron e incineraron sus restos en un vertedero de basura en un municipio vecino.
Una versión que se ha puesto en duda ya que no se han encontrado restos biológicos de los estudiantes desaparecidos.
El informe ocultado por el gobierno mexicano también concluye que los estudiantes y otras personas que fueron atacados esa noche por la Policía de Iguala “no hubiesen sido heridos o asesinados” de haber intervenido la Policía de Guerrero (estatal), uno de los misterios persistentes del caso según el rotativo neoyorquino.
