El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe comenzará a juzgar desde el próximo jueves a partir de las 10.00 al ex juez federal Víctor Hérmes Brusa y a cuatro ex policías por crímenes de lesa humanidad que tuvieron, entre otros denominadores comunes, que las víctimas estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención "La Casita", situado en las afueras de la capital provincial.
Además de Brusa, que a la época de los hechos era secretario del Juzgado Federal de Santa Fe, van a juicio el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; el ex comisario de la Seccional 4°, Ricardo Silvio Ferreyra; el ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la policía provincial Eduardo Alberto Ramos Campagnolo; y la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi.
En el debate se juzgarán los hechos que afectaron a 13 víctimas, una de ellas asesinada durante el padecimiento de las torturas que le aplicaron en "La Casita". Se trató del responsable zonal, para Santa Fe y Paraná, de la agrupación Montoneros, Emilio Osvaldo Feresín, quien fue secuestrado el 10 de febrero de 1977 y, según calculó la Fiscalía en su acusación en base a los testimonios de sobrevivientes, falleció alrededor de un mes después de aquella fecha. Otras víctimas declararon que lo vieron en muy malas condiciones físicas y que escucharon tanto los golpes que le propinaron como sus gemidos de dolor. También aseguraron que los miembros de la patota que lo torturaba decían "se les había ido uno". Su cuerpo nunca apareció. Por su homicidio está acusado Ramos Campagnolo, en grado de autor. También estuvo acusado por este hecho el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército, José Roberto Diab, quien falleció en mayo de 2015 mientras cumplía una condena a 16 años de prisión en su domicilio.
Demoras: La audiencia preliminar de este juicio se realizó en agosto de 2015 y fue programado para septiembre de 2016. Luego resolvieron posponerlo para el 2 de febrero de 2017.
Las otras víctimas cuyos casos se juzgarán en este juicio son once mujeres y un hombre que fueron secuestrados y sometidos a torturas en la comisaría 4ta, la GIR y en "La Casita".
El debate oral y público se celebrará, como la mayoría, con grandes demoras. La audiencia preliminar para organizarlo se desarrolló a fines de agosto de 2015. El inicio estuvo previsto recién para el 7 de septiembre de 2016, pero fue aplazado por las complicaciones en la agenda de los jueces del tribunal, todos subrogantes: Beatríz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo son titulares del TOCF N°2 de Rosario, mientras que Ricardo Vásquez se desempeña en el TOCF 1 rosarino.
En tanto, el Ministerio Público Fiscal será representado por el fiscal general Martín Suárez Faisal. Las abogadas Nadia Schujman y Zulema Rivera, actuarán por la querella, en representación del hijo y de la esposa de Emilio Feresin, respectivamente.
Tras la primera audiencia, se espera que el juicio se desarrolle en las siguientes jornadas: el 3, 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de febrero, y el 2, 3, 9, 10, 16, 17 y 23 de marzo.
Hechos y acusados
Perizzotti, Ramos Campagnolo y Aebi deberán responder por la privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas contra siete de esas víctimas y por seis hechos de tormentos. Ramos Campagnolo, tal como se indicó, será juzgado también como autor del homicidio de Feresín.
Ferreyra, en tanto, está acusado por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos agravados de cuatro víctimas y por el delito de asociación ilícita. Por este último delito ya resultaron condenados en otro juicio el resto de los imputados.
Por último, Brusa llega acusado en su carácter de funcionario judicial por la aplicación por apremios ilegales a dos víctimas con el objetivo de que modifiquen las declaraciones vertidas bajo torturas. Sobre su conducta, el fiscal Walter Romero consignó en la acusación: "En su condición de personal judicial, pretendía torcer, mediante amenazas, la voluntad de sus interrogados para acreditar los hechos que se imputaban en las causas por la ley 20.840 [utilizada para la persecución política], conociendo que las declaraciones habían sido obtenidas bajo torturas y amenazando con reiterarlas si se lo contradecía, arrogándose funciones por encima de su situación de revista, invocando representación institucional". La última alusión es porque Brusa solía, además, presentarse ante sus víctimas como el juez, aunque a este cargo llegó años después, tras la restauración del estado de derecho.
