La medida fue solicitada por el fiscal, luego de que en una información de Télam diera cuenta de que los expedientes faltantes eran 140, y no "4 y varios más", como había sido denunciado originalmente por funcionarios de la cartera de Derechos Humanos.
El objetivo de la inspección fue obtener evidencias del supuesto robo, y observar la distribución del lugar donde se encontraban los expedientes sustraídos, así como también verificar quiénes y por dónde pueden acceder a las oficinas ubicadas en el segundo piso del edificio situado en 25 de Mayo 544, y en el cuarto piso del edificio situado en 25 de Mayo 552.
La causa se inició a partir de una denuncia policial realizada el pasado 3 de enero por la titular de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos, Rosana Gargiulo, quien denunció que habían detectado el faltante de cuatro expedientes "y varios más", tras notar que un estante de una oficina había sido vaciado.
Los expedientes habrían sido robados de las oficinas de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias que, entre otras cosas, agrupa la prueba necesaria para acreditar cada pedido de reparación indemnizatoria para las víctimas del terrorismo de Estado.
La funcionaria que presentó la denuncia precisó que habían podido confirmar que faltaban los expedientes de los trámites de José Lázaro Alonso, Santiago Catalino Andes, Víctor Canotia y Oscar Norberto Miller.
La falta de documentos fue detectada por empleados de la Secretaría de Derechos Humanos el 23 de diciembre y el hecho se denunció en la comisaría Primera más de 10 días después, según consta en la presentación a la que accedió Télam.
La funcionaria denunciante destacó que en el edificio ubicado en la calle 25 de Mayo 544, de donde fueron sustraídos los documentos, opera también una oficina de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y otra de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.
En diálogo con esta agencia, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, José Brian Schapira, confirmó la semana pasada un faltante de 140 expedientes, y aseguró que el personal del organismo "trabaja activamente para recuperar la información" que existía en esos documentos.
"Vamos a trabajar para que no se pierda ninguna información. Nos vamos a poner en contacto con las personas involucradas y trataremos de llevarles tranquilidad", remarcó el funcionario.
Cuando la denuncia policial llegó a los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, cayó en manos de la jueza María Romilda Servini que se encontraba de turno en la feria judicial, pero luego pasó por sorteo al juzgado que subroga Martínez de Giorigi.
El juez delegó la investigación en el fiscal González quien como primera medida solicitó los testimonios de Mónica Gavilanes, Roxana Lódico y Silvana Giraudo, funcionarias del área que tramita las pensiones para víctimas del terrorismo de Estado.
Fuentes judiciales indicaron que desde la secretaría que conduce Claudio Avruj informaron que tras la denuncia se inició un sumario interno para intentar de terminar qué fue lo que pasó, y cuántos expedientes faltan.
