Solo en Pernambuco, dijo la organización, fueron invadidas propiedades rurales en 10 ciudades desde el sábado último, cuando comenzaron en esa entidad las acciones del denominado Abril Rojo.
Además de en Pernambuco, familias de trabajadores Sin Tierra se movilizaron en Santa Catarina, Pará, Piauí, Sao Paulo, Alagoas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Bahía, Mato Grosso, Paraná y el Distrito Federal, ocupando en varios casos las sedes del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).
En esta capital, unos 150 representantes del MST participaron de la sesión solemne que realizó la Cámara de Diputados en homenaje al Día Nacional de Lucha por la Reforma Agraria, instituido para recordar la masacre de los 21 Sin Tierra asesinados el 17 de abril de 1996 en Eldorado de Carajás, en Pará.
Transcurridas más de dos décadas de esa masacre, en el campo los latifundistas y el agronegocio continúan asesinando y amenazando a trabajadores rurales, indígenas y quilombolas, denunció el miembro de la dirección nacional del MST, José Roberto.
De acuerdo con estadísticas del informe sobre los conflictos en el campo, de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el 2016 fue uno de los más violentos de los últimos 13 años al registrarse 61 asesinatos de campesinos, 11 más que en el precedente.
Junto a algunos diputados federales e integrantes de diferentes instituciones vinculadas a la defensa del derecho de acceso a la tierra, los representantes del movimiento criticaron además la desigual concentración de la propiedad rural en Brasil y la demora para reglamentar la cuestión agraria.
Las ocupaciones de este lunes comenzaron al amanecer en la hacienda Santo Henrique, del municipio paulista de Agudos, donde existe un latifundio de dos mil 500 hectáreas de tierras públicas utilizadas indebidamente por la empresa Cutrale, la mayor exportadora de jugo de naranja del mundo, indicó el portal del MST.
La finca ocupada por cerca de 300 familias forma parte de un conglomerado de 40 mil hectáreas de tierras de la Unión invadido por grandes empresas del agronegocio de la caña de azúcar, los cítricos y el eucalipto.
Son empresas -denunció el movimiento- que cometen delito de apropiación ilegal de la tierra, además de acumular innumerables denuncias y procesos por violación de los derechos de los trabajadores y no respetar las normas medioambientales.
