Ante el proyecto que establece modificaciones en el Código Penal, con penas más duras para quienes realicen protestas no autorizadas, lo hagan enmascarados, utilicen “objetos contundentes”, o quemen cubiertas en la vía pública, el titular de ATE salió a cruzar al Gobierno.
Para Hugo “Cachorro” Godoy “hay una actitud del Gobierno de seguir haciendo oídos sordos a los reclamos y de la única manera que cierra este desprecio (hacia esos sectores) es con represión”. “Es descalificar los reclamos, estigmatizar los reclamos por más justos que sean y justificar la represión. Lo que hace la estigmatización es deshumanizar y al deshumanizar justifica la represión”, profundizó.
El dirigente gremial, en declaraciones a Ámbito Financiero, consideró que “hay toda una estrategia gubernamental tendiente a generar condiciones para la represión” porque “de la única que manera que cierra esto, si no es dando respuesta a los justos reclamos de los trabajadores y de los diversos sectores, es con represión”.
Asimismo, advirtió que trabajarán para que el oficialismo no avance con ese proyecto porque si se aprueba “es darle al Gobierno instrumentos para la represión”. “Para que como diría Mafalda empiecen a utilizar el abolla cabezas contra cualquier reclamo social”, remató.
Godoy sostuvo que junto a otros sectores sociales y sindicales vienen analizando la situación y que coinciden en que “si el Gobierno no cambia se va a sostener con represión”. Justamente, ATE realizará este miércoles un paro nacional con movilización en reclamo de la reapertura de paritarias y por la recomposición salarial en las provincias.
Por su parte el Gobierno duda en acelerar la aprobación del proyecto para endurecer las penas con respecto a piquetes y manifestaciones. La iniciativa D-1495-2017 fue presentada el pasado 7 de abril bajo el título “Proyecto de Ley de Reforma al Código Penal de la Nación contra agresiones en Piquetes e Intimidación Pública”.
Propone que la prisión preventiva alcance a quienes sean encontrados responsables de incidentes durante un corte de calle o una manifestación no autorizada. No sólo incluye a quienes se cubran el rostro para no ser identificados sino también a quienes porten objetos contundentes.
También una ampliación de las penas mínimas y máximas previstas, una equiparación con el delito de “amenazas coactivas”, y el endurecimiento del castigo al entorpecimiento de la circulación.
La síntesis de esas modificaciones es que podría caratularse así a cualquier manifestación no autorizada que pueda ser calificada de extorsiva, lo que también deja a tiro de una prisión preventiva (por el monto de la pena) a quienes puedan ser detenidos en ocasión de esas manifestaciones, a las que parte de la fundamentación busca salvaguardar como derecho legítimo a la protesta, pero que cuestiona por “crecientes hechos de violencia” que el oficialismo entiende que se produjeron.
