El juez Luis Salas, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, rechazó hoy en audiencia el pedido de suspensión de juicio a prueba presentado por el ex policía Cecilio Saettone, primo de la mujer de Jorge Mangeri, condenado por el femicidio de Ángeles Rawson (foto).
El magistrado hizo lugar a los planteos realizados por la fiscal Mónica Cuñarro junto a Agustina Calabró, de Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), quienes solicitaron que se llevase la discusión a la instancia de debate, lo que no descartaría cambiar la calificación del hecho.
En su declaración como testigo en ese juicio, Saettone aseguró haberse reunido con Mangeri en Pacheco, ocasión en que el encargado le contó supuestamente sobre las amenazas que sufría. Una vez finalizado el juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 sentenció no tener dudas sobre la falsedad de sus dichos referidos a las comunicaciones que mantuvo con el marido de su prima, el contenido del diálogo que mantuvo con él en la planta de Ford donde cumplía funciones y el tiempo que duró ese encuentro.
Para el tribunal, el objetivo de esa falsa declaración habría sido el de favorecer a Mangeri y entorpecer la investigación. Una vez que el pedido de juicio realizado por la fiscal Graciela Gils Carbó fue aceptado y designados los tribunales y fiscalías intervinientes, la defensa de Saettone solicitó en esa instancia la suspensión del juicio a prueba y ofreció la realización de tareas comunitarias en un hospital de la localidad bonaerense de Pacheco, junto a un resarcimiento económico de cinco mil pesos.
En su intervención, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se rechace el pedido presentado por la defensa, argumentando un posible cambio de calificación del hecho por el cual se lo acusa a Saettone. Además, en caso de que eso ocurriera, la fiscal remarcó la posibilidad de poder solicitar en su alegato que la pena fuese de cumplimiento efectivo y no en suspenso. Cuñarro también destacó que el delito de falso testimonio contempla tanto una pena como una inhabilitación absoluta. En este caso, si bien el imputado está retirado de la fuerza policial, cobra una pensión por su condición de funcionario, por lo que no puede ser aplicable una probation, tal como lo establecen las resoluciones 2004/86 y 24/2000 de la Procuración General de la Nación.
Cuñarro fundó el rechazo en la gravedad y trascendencia social del caso y en los compromisos asumidos por el Estado nacional al ratificar la Convención de Belem do Para, que establece un deber de diligencia reforzado a fin de evitar la impunidad que implica que en casos de violencia de género, los operadores del sistema judicial deben llevar adelante este proceso a fin de que a través de un juicio con derecho de defensa y acusación se pueda determinar o no la culpabilidad. Tras la intervención del Ministerio Público Fiscal, el juez dio por válidos los argumentos esgrimidos por la fiscalía, por lo que rechazó el pedido de suspensión de prueba presentado por la defensa de Saettone.
